Archivo - Un coche VTC circula por una calle. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La patronal mayoritaria del sector de vehículos de alquiler Unauto ha expresado su preocupación ante el contenido del Proyecto de Decreto que regula conjuntamente los servicios de taxi y VTC en Baleares tras conocerse el dictamen del Consell Consultiu y ha pedido al Govern que no lo apruebe sin corregir las deficiencias.
En un comunicado, la patronal ha criticado que el dictamen pone de relieve "carencias jurídicas relevantes y observaciones esenciales" que deben ser corregidas antes de su aprobación definitiva y se muestra totalmente contraria a una tramitación acelerada del reglamento sin que previamente se subsanen los defectos detectados.
La patronal ha resaltado que el órgano consultivo ha advertido de importantes deficiencias en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del nuevo reglamento balear.
Entre sus observaciones esenciales, cuestiona la utilización del concepto de Servicio Económico de Interés General (SEIG) para proteger al taxi cuando pueda emplearse como artificio jurídico para restringir el mercado VTC, recordando que cualquier limitación debe ser necesaria, proporcional y no discriminatoria, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El dictamen recuerda además la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del TJUE de que las restricciones solo pueden imponerse por razones imperiosas de interés general y siempre respetando el principio de proporcionalidad.
En este contexto, el sector ha denunciado que se está multando a VTC al amparo de regulaciones contrarias a la libertad de empresa y a la libertad de establecimiento, normas que ya están siendo impugnadas ante los tribunales por las empresas afectadas.
"No sería la primera vez que la justicia corrige este tipo de excesos regulatorios", ha advertido Unauto, recordando que ya ocurrió con la ratio 1:30, con diversas restricciones autonómicas anuladas por los Tribunales Superiores de Justicia y, más recientemente, con el tiempo mínimo de precontratación, invalidado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Unauto sostiene que las exigencias de doble licencia o licencia urbana acabarán siendo revisadas judicialmente y advierte de que las administraciones podrían verse obligadas a asumir responsabilidades patrimoniales, devolviendo las sanciones impuestas si se confirma su ilegalidad.
FALTA DE CLARIDAD
Según ha trasladado la patronal mayoritaria, el Consell Consultiu también formula una observación esencial respecto al artículo 60 del proyecto, relativo a la circulación de los VTC.
En concreto, considera necesario concretar con mayor claridad las situaciones en las que un vehículo puede circular sin ser sancionado, para evitar inseguridad jurídica.
El dictamen recoge que el segundo trámite de audiencia pública se realizó por vía de urgencia, con un plazo reducido a siete días hábiles, ante el próximo levantamiento de la suspensión de nuevas autorizaciones, lo que, para Unauto, "incrementa el riesgo de vulneración de garantías procedimentales y de eventual nulidad del reglamento".
Ante este escenario, la patronal solicita al Govern que no apruebe el decreto sin corregir previamente todas las observaciones esenciales del órgano de consulta y reforzar su fundamentación jurídica. "Baleares necesita seguridad jurídica, no más conflictos regulatorios", han concluido.