MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha pedido que sean suspendidos los miembros de la Policía que en 2012 "ejecutaron extrajudicialmente" a 34 mineros en Marikana (Sudáfrica), hasta que se concluya la nueva investigación, según un comunicado emitido con motivo del tercer aniversario del suceso, en el que ha solicitado la suspensión inmediata del director general de la Policía, al que considera implicado en la matanza.
La organización defensora de los Derechos Humanos ha criticado que, tres años después, ni un solo efectivo haya sido suspendido ni ninguno haya dado explicaciones. "Es inaceptable que se siga negando la justicia para las víctimas y sus familias", ha declarado AI.
Las autoridades sudafricanas intentaron ocultar pruebas y engañar a la Comisión de Investigación sobre Marikana, también conocida como Comisión Farlam, entre ellos el director general de la Policía, Riah Phiyega, cuya suspensión ha solicitado Amnistía Internacional al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.
"El presidente Zuma debe usar su autoridad para establecer urgentemente esta junta y suspender de sus funciones al director general", ha afirmado AI, que cree que la medida allanará el camino para la suspensión de otros policías. Además, la organización ha explicado que Zuma "debe actuar ya para garantizar que se implementan todas las recomendaciones clave de la Comisión Farlam".
La Comisión de Investigación sobre Marikana, también conocida como Comisión Farlam, recomendó la creación de una junta de investigación dirigida por el Poder Judicial para que estudiase la capacidad de Phiyega para desempeñar el cargo.
"Son muchas las familias afectadas por los homicidios del 16 de agosto de 2012 y por las muertes ilegítimas a manos de la policía y de los huelguistas de los días anteriores", ha hecho saber AI. "Es muy doloroso cuando existe tanta incertidumbre sobre quién rendirá cuentas cuando nuestros esposos murieron como perros", ha lamentado una de las viudas.
34 FALLECIDOS
Altos mandos policiales ordenaron desarmar y dispersar por la fuerza a una manifestación de mineros considerada ilegal, a pesar de que se preveía un derramamiento de sangre, ha asegurado la organización. Las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de 34 mineros y heridas graves a más de 70. Un informe de la Comisión Farlam, publicado en junio de 2015, calificó la operación como "causa decisiva" de los fallecimientos.
Amnistía Internacional ha asegurado que la medida no se llevó a cabo debido a una amenaza o a la intención de proteger vidas, por lo que entiende que fue ilegal "según la legislación de Sudáfrica, que obliga a los policías a actuar dentro de un marco de fuerza mínima, y en virtud de las leyes y normas internacionales".
AI también ha considerado que se violaron los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego de la ONU, que únicamente permiten el uso de armas de fuego como defensa en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas.
