MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha condenado este martes la sentencia de nueve años de cárcel emitida contra el opositor Alexei Navalni, al que la Justicia ha hallado culpable de fraude y desacato, y ha pedido a la comunidad internacional no mirar para otro lado.
La directora de AI para Europa del Este y Asia Central, Marie Struthers, ha lamentado así que Navalni haya sido condenado a prisión por "señalar a la élite rusa por actos de corrupción y abuso de poder".
"Esta sentencia era predecible y no es para nada novedosa. El mundo no debe hacer la vista gorda ante esto y lo que significa dado los horrores de la agresión rusa en Ucrania"; ha indicado en un comunicado.
Así, ha alertado de que "tras sufrir un intento de asesinato, Navalni ha sido encarcelado a medida que sus organizaciones son declaradas extremistas". Struthers ha calificado la Justicia rusa de "falsa" y ha mostrado su oposición a la falta de deferencia de las autoridades rusas hacia el Derecho Internacional. "Muchos otros podrían toparse con este tipo de injusticias", ha dicho.
"Aplaudo el coraje de Navalni, que sigue comprometido con su activismo incluso ante la posibilidad de pasar años entre rejas", ha matizado antes de destacar que "ha utilizado el juzgado para hablar contra la agresión usa en Ucrania, exponiéndose a posibles cargos adicionales".
Horas antes, la jueza Margarita Kotova, del tribunal de Lefortovo, en Moscú, ha indicado durante la lectura del veredicto que Navalni tendrá además que pagar una multa de 1,2 millones de rublos (cerca de 10.500 euros), según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Kotova ha señalado que Navalni ha sido declarado culpable de todos los cargos que pesaban en su contra, incluidos los de fraude por la supuesta recaudación de fondos para las actividades del Fondo Anticorrupción (FBK), una organización fundada por él mismo y declarada por Moscú como "extremista".
Asimismo, ha recalcado que este fraude afectaría además a las actividades del Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG), igualmente ilegalizada, y para su campaña a la Presidencia en 2018. La Fiscalía había reclamado trece años de cárcel para el opositor por estos cargos.
