Amnistía Internacional denuncia la inacción de los líderes mundiales y advierte de que el retorno de los refugiados no es posible
MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un año después del éxodo de más de 700.000 rohingyas ante la "limpieza étnica" perpetrada por las fuerzas de seguridad de Birmania sus responsables siguen sin rendir cuentas gracias a la "inacción de los líderes" mundiales mientras que los refugiados se encuentran en una situación incierta en Bangladesh, ha denunciado Amnistía Internacional.
La ONG ha defendido que la falta de actuación de la comunidad internacional "está permitiendo que los autores de crímenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad de Birmania sigan en libertad un año después de que su campaña homicida contra la población rohingya provocara un éxodo de proporciones épicas".
La ofensiva lanzada por las fuerzas birmanas a raíz de una ola de ataques perpetrados por milicianos del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) constituyó, según ha podido documentar Amnistía, "una limpieza étnica que incluyó incendios selectivos de poblados rohingyas, el uso de minas terrestres y la comisión de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada y expulsiones, así como otras violaciones graves de Derechos Humanos contra la población rohingya".
Para Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, el aniversario supone "un hito vergonzoso" y el hecho de que los líderes mundiales no hayan exigido cuentas a los responsables "corre el riesgo de transmitir el mensaje de que las fuerzas armadas de Birmania no sólo gozarán de impunidad, sino que podrán cometer de nuevo esas atrocidades". "No debemos permitir que esto ocurra", ha reclamado.
Entretanto, los cientos de miles de refugiados rohingya "siguen en una situación incierta en campos de refugiados de Bangladesh", ha resaltado Hassan, para quien la idea de que estos pueden regresar de forma segura, digna y voluntaria a Rajine es "ridícula" mientras "sus verdugos de las fuerzas de seguridad continúen en libertad".
APARTHEID CONTRA LOS ROHINGYAS EN RAJINE
Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado que la "virulenta respuesta" de las fuerzas de seguridad birmanas tuvo lugar en el contexto de años de discriminación y segregación institucionalizadas que constituyen apartheid, "un crimen de lesa humanidad", ha subrayado.
"Hacer que la población refugiada rohingya retorne de unos campos masificados en Bangladesh a lo que es, básicamente, una prisión al aire libre en el estado de Rajine no es una opción viable", ha recalcado Hassan.
En este sentido, ha pedido a la comunidad internacional que presione al Gobierno birmano para que "desmantele su sistema de apartheid y permita que la población rohingya y todas las demás minorías étnicas disfruten de sus derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación".
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
En opinión de la responsable de Amnistía, "es la falta de voluntad política, no la falta de pruebas, la causa fundamental de la inacción de la comunidad internacional". Para Hassan, "es innegable que las fuerzas de seguridad de Birmania han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población rohingya" pero "hay pruebas vitales que podrían desaparecer o ser destruidas" mientras la comunidad internacional "da largas para decidir qué hacer al respecto".
La propia ONG publicó el pasado junio un informe en el que citaba los nombres de trece personas, incluido el comandante en jefe del Ejército Min Aung Hlaing, que aseguraba que desempeñaron un papel clave en las atrocidades cometidas contra los rohingyas en Rajine.
Por otra parte, Hassan se ha mostrado muy crítica con la comisión de investigación independiente anunciada el pasado mayo por las autoridades birmanas ante la presión internacional. "No se debe permitir que las autoridades de Birmania utilicen una comisión nacional de investigación para barrer bajo la alfombra las atrocidades contra la población rohingya", ha sostenido, subrayando que "es evidente que están tratando de ganar tiempo hasta que el mundo pase a otra cosa".
Así las cosas, Amnistía ha reclamado medidas urgentes en la ONU para garantizar la rendición de cuentas. En concreto, Hassan ha reclamado que el Consejo de Seguridad de la ONU remita "con carácter urgente la situación de Birmania al Tribunal Penal Internacional". "La amenaza del veto no es excusa para la inacción. No se puede perder esta oportunidad crítica", ha reivindicado.
