MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Pakistán han ejecutado este jueves a cinco personas en varias cárceles del país, lo que eleva a cerca de 71 el número de ejecutados desde el fin de la moratoria a la pena de muerte, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.
El primer ministro, Nawaz Sharif, retiró la moratoria en diciembre tras un atentado ejecutado por los talibán paquistaníes contra una escuela de la localidad de Karachi (sur), suceso que se saldó con la muerte de 141 personas, entre ellas 132 menores de edad.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Pakistán expresó a mediados de marzo su preocupación por las últimas ejecuciones en el país y por la decisión del Gobierno de aplicar también la pena capital a los condenados por delitos no relacionados con el terrorismo.
"Se ha informado de que entre los ejecutados habría personas que eran menores de edad cuando se cometió el delito. Según algunas estimaciones, hay más de 8.000 presos en el corredor de la muerte", indicó a través de un comunicado.
Por ello, solicitó al Gobierno del país centroasiático que "vuelva a poner en marcha su moratoria (a la pena capital) lo antes posible". "Estamos dispuestos a apoyar en el proceso de fortalecimiento del sistema judicial en caso de que se nos pida ayuda", remachó.
Este mismo jueves, el Tribunal Supremo ha ordenado la suspensión de las penas de muerte dictadas por los tribunales militares establecidos este año tras el aumento de la violencia islamista, que han generado suspicacias en cuanto a su imparcialidad y el alcance de los poderes de los militares.
"La ejecución de las penas de muerte dictadas por tribunales militares, aquellas que ya han sido dictadas y aquellas que lo sean, está suspendida", ha anunciado el magistrado jefe Nasir ul Mulk ante el Tribunal Supremo en Islamabad. Los condenados por los tribunales militares pueden apelar contra sus sentencias, ha añadido.
Los nuevos tribunales ampliaban los ya considerables poderes de los militares, dando al Ejército autoridad para juzgar a civiles acusados de terrorismo.
