Bachelet insta a la junta militar en Sudán a "garantizar una transición pacífica" a un gobierno civil

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reclamado este miércoles a la junta militar que gobierna en Sudán que levante las restricciones sobre Internet y lleve a cabo una investigación independiente sobre los actos de violencia registrados durante la protesta del domingo, al tiempo que le ha conminado a ceder el testigo a una administración civil.

Pese a la suspensión de Internet en el país, ha destacado Bachelet, las protestas convocadas el pasado domingo por la Asociación de Profesionales de Sudán (APS) alcanzaron una escala "sin precedentes en la historia reciente sudanesa" tanto en Jartum como en otras ciudades del país.

La oficina de la Alta Comisionada ha recibido denuncias de un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Como resultado de las mismas, hasta diez personas habrían muerto, según organizaciones de oposición, si bien las autoridades reconocen solo siete y responsabilizan de buena parte de la violencia registrada a los manifestantes.

"Es esencial que haya una investigación rápida, transparente e independiente de cómo todas estas personas perdieron la vida, así como de las causas del elevado número de heridos", ha reclamado Bachelet, que se ha mostrado especialmente preocupada por las informaciones que apuntan a nuevos ataques a hospitales por parte de las fuerzas de seguridad.

La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha lamentado que los llamamientos anteriores a investigar la muerte de manifestantes, los ataques a instalaciones médicas y las miles de violaciones y agresiones sexuales que se produjeron el 3 de junio y los días siguientes no han sido escuchadas.

Las Fuerzas de Reacción Rápida (RSF), que comanda el número dos de la junta, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como 'Hemedti', "estuvieron presuntamente muy implicadas en las violaciones masivas de principios de junio" y también lo habrían estado en los últimos acontecimientos, según Bachelet.

"El hecho de que no se hayan emprendido acciones serias para investigar lo que ocurrió entonces, e incluso antes, simplemente alimenta la creencia de que los miembros de las RSF y otras fuerzas de seguridad tienen carta blanca para hacer lo que quieran a los manifestantes y otras personas", ha denunciado.

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEBEN RENDIR CUENTAS

"Esta es una situación completamente inaceptable y el Consejo Militar de Transición tiene la obligación de garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad rinden cuentas por cualquier delito que cometan", ha defendido.

Así las cosas, ha instado a la junta militar a respetar el derecho a manifestarse pacíficamente de los ciudadanos y a garantizar una rápida transición a un gobierno civil, en línea con los claros deseos expresados por amplios sectores de la población sudanesa así como de la Unión Africana, lamentando que el plazo dado por esta organización hasta el 30 de junio no se haya cumplido.

Bachelet ha indicado que su oferta del pasado 7 de junio de enviar un equipo de observadores de Derechos Humanos de la ONU para examinar las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales desde el 3 de junio no ha recibido respuesta.

"Esta receta de restricciones, promesas sin cumplir y brotes de violencia desenfrenada que no son ni investigados ni castigados está generando un resentimiento masivo, como demostraron claramente las protestas del domingo", ha incidido. "Si las cosas siguen así, será una receta para el desastre", ha prevenido.