Este lunes Francia ha anunciado la repatriación de diez niños y huérfanos
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha planteado este lunes la necesidad de repatriar a los ciudadanos con nacionalidad extranjera atrapados en los campos de desplazados del noreste de Siria. Se estima que hay menores de edad de más de 60 nacionalidades, muchos de ellos hijos de combatientes yihadistas que viajaron a Oriente Próximo para engrosar las filas del Estado Islámico.
Este mismo lunes las autoridades de Francia han anunciado la repatriación a diez niños de nacionalidad gala, huérfanos y "casos humanitarios". Estos menores han quedado bajo tutela de los servicios sociales y han sido sometidos a exámenes médicos.
"Aprecio mucho que algunos países de origen hayan empezado a repatriar a sus connacionales y que muestren más apertura a la repatriación de niños y huérfanos", ha apuntado Bachelet en un comunicado, "pero el hecho sigue siendo que miles de personas, en su mayoría mujeres y niños, no pueden volver a sus propios países de nacionalidad u origen".
Estos "nacionales de terceros países" son en su mayoría mujeres y niños para los que Bachelet ha pedido una "acción urgente" ante las limitaciones al acceso a la ayuda humanitaria y al riesgo de contagio por el coronavirus.
"Las tremendas condiciones de estos campamentos suponen un terreno fértil para grupos extremistas o terroristas como el Estado Islámico, que aprovechan el sufrimiento de la gente como herramienta de reclutamiento", ha advertido Bachelet.
CASI 90.000 DESPLAZADOS RETENIDOS
Casi 58.000 menores de edad de 60 nacionalidades están confinados y hacinados en campos de la zona controlada por las milicias kurdas. Más de 8.000 de ellos son "nacionales de terceros países", una cifra en la que no se incluye a los sirios ni tampoco a los iraquíes.
En total hay unas 90.000 personas con vínculos familiares con miembros del Estado Islámicos en campos de desplazados como los de Al Hol y Al Roj llegados entre 2016 y 2019, cuando fue derrotado territorialmente Estado Islámico en su último bastión en Siria.
Estos nacionales de terceros países no están formalmente detenidos y no son acusados de ningún crimen en Siria, pero no se les permite salir de los campos, por lo que quedan en un "limbo legal" sin apenas acceso a servicios consulares y en condiciones de vida lamentables.
Bachelet ha criticado en particular a "algunos Estados que han intentado despojar de su nacionalidad a los individuos de los campos, lo que los podría convertir en apátridas".
La oficina de Bachelet recuerda que "dejar conscientemente sin la protección del estado de Derecho (a los desplazados) supone una posible violación de las obligaciones del Estado según el Derecho Internacional Humanitario".
"La comunidad internacional debería además hacer todo lo posible para defender los derechos de los iraquíes y sirios atrapados en estos campos", ha añadido Bachelet, que ha abogado por el regreso de estas personas a sus hogares, por su rehabilitación y reintegración "con pleno respeto por sus derechos humanos y juicio justo cuando proceda".
