Posters del opositor de Baréim Alí Salman
HAMAD I MOHAMMED / REUTERS
Actualizado: lunes, 25 enero 2016 1:57

DUBAI, 25 Ene. (Reuters/EP) -

El secretario general del partido opositor bahreiní Al Wefaq, Alí Salman, quien se encuentra en prisión cumpliendo una pena de cuatro años de cárcel, ha sido imputado por tres cargos de "incitación contra el orden constitucional", según ha informado su abogado.

La Fiscalía ha afirmado que está investigando las publicaciones realizadas a través de la cuenta personal de Salman en las redes sociales. Los nuevos cargos podrían implicar una nueva pena de entre seis meses y tres años de prisión.

El secretario general de Al Wefaq, una de las principales figuras opositoras del país, fue condenado en junio de 2015 a cuatro años de cárcel por tres cargos relacionados con sus críticas a las autoridades.

El caso contra Salman se basa en las declaraciones de un funcionario del Ministerio del Interior que escuchó uno de sus sermones y que aseguró que dijo que en un determinado momento "habló de fuerza militar". Sin embargo, una grabación del mismo disponible en Internet prueba que dice: "No hablo de fuerza militar".

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

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