NUEVA YORK 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional se ha felicitado por la puesta en libertad de la opositora y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, pero ha demandado al régimen militar que gobierna el país "la liberación inmediata de todos los presos de conciencia del país".
"La liberación de Aung San Suu Kyi no debe hacer olvidar a los demás prisioneros de conciencia", afirmó el secretario general de AI, Salil Shetty, en un comunicado oficial.
Según Amnistía y otros grupos de defensa de los Derechos Humanos, hay unos 2.200 presos políticos en Birmania, encarcelados por la aplicación de "leyes vagas empleadas por el Gobierno para criminalizar la disidencia política pacífica". "Están encerrados en condiciones nefastas, con una alimentación y condiciones higiénicas inadecuadas. Muchos sufren problemas de salud y no reciben un tratamiento médico adecuado", denuncia AI.
"Muchos fueron torturados durante los interrogatorios posteriores a su detención y aún corren riesgo de ser torturados como castigo por los funcionarios de prisiones", asegura la organización.
Sobre el caso concreto de Suu Kyi, Amnistía ha manifestado su satisfacción, aunque con matices. "Aunque ciertamente nos satisface la liberación de Aung San Suu Kyi, sólo supone el fin de una sentencia injusta que fue ilegalmente prorrogada y no constituye en modo alguno una concesión por parte de las autoridades", dijo Shetty.
"Las autoridades nunca deberían haberla arrestado" ni a ella ni a los otros presos de conciencia "excluidos del proceso político" que supone la transición hacia la democracia puesta en marcha tras las elecciones del pasado 7 de noviembre, apostilló.
Amnistía recuerda también el largo historial de agresiones por parte de grupos afines a la dictadura que ha sufrido la líder opositora birmana. "Esta vez las autoridades deben garantizar la seguridad", afirmó Shetty.
"Es el momento de que el Gobierno de Birmania ponga fin a la injusticia que supone el encarcelamiento político en el país", agregó, al tiempo que emplazó a la comunidad internacional, comenzando por China e India, impidan que Birmania utilice su sistema legal para sancionar a opositores pacíficos.