BRUSELAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha enviado este jueves un ultimátum al Gobierno de Viktor Orbán para que en el plazo de dos meses tome las medidas necesarias para corregir la 'Ley de Soberanía' contra injerencias extranjeras --que es vista por la oposición como un intento por silenciar las voces críticas-- o elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de tres en un procedimiento de infracción, y da un plazo de dos meses al Estado miembro infractor para enmendar la situación. De no resolverse, el Ejecutivo comunitario podrá pasar a la tercera fase en el expediente sancionador y denunciar el caso ante la Justicia europea.
El caso se remonta al pasado mes de febrero, cuando los servicios comunitarios remitieron una carta motivada a las autoridades húngaras informando del inicio de expediente y abriendo un primer marco de diálogo para resolver la controversia.
La respuesta del Gobierno de Orbán, sin embargo, "no alivió las preocupaciones" planteadas por la Comisión Europea, según ha indicado la propia institución en un comunicado.
La legislación húngara que preocupa a Bruselas fue adoptada en diciembre del año pasado y crea una Oficina de Defensa de la Soberanía para investigar actividades que beneficien a otro Estado o a una organización o persona extranjera si se sospecha que pone en riesgo la soberanía de Hungría o pretende influir en la decisión de voto de los húngaros.
Este marco, que voces críticas alertan de que busca reforzar el poder de Orbán y silenciar a sus críticos, contiene también disposiciones y modificaciones de la legislación húngara vigente que prohíben a los candidatos y los partidos políticos utilizar financiación extranjera en sus campañas electorales y prevé sanciones penales para ellos.
La Comisión considera que la norma viola distintas disposiciones tanto del Derecho primario como del Derecho derivado de la Unión Europea, por ejemplo los valores democráticos de la Unión, los derechos electorales de los europeos; así como Derechos Fundamentales como el respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la protección de datos privados o libertades como la de expresión, la de información y la de asociación.
Otros derechos en riesgo por esta ley son el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho a no declarar contra sí mismo y la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado, según detalla el Ejecutivo comunitario en su acusación.
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