Además de ampliar el mandato presidencial a siete años, preocupa la supresión de cuotas para la minoría tutsi
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, podría gobernar el país hasta 2034 de prosperar las enmiendas a la Constitución que los ciudadanos deberán respaldar en el controvertido referéndum que se celebra este jueves, criticado por la oposición y que ha generado temor en la comunidad internacional de que pueda producirse un repunte de la violencia.
La votación es la culminación de un proceso que comenzó en 2015, cuando Nkurunziza anunció su decisión de optar a un tercer mandato. Sus detractores denunciaron entonces que el Acuerdo de Arusha, que puso fin a la guerra civil en 2000, y la Constitución de 2005 que surgió del mismo limitaban a dos los mandatos, pero el Tribunal Constitucional acabó dándole la razón y el mandatario se impuso en los comicios, boicoteados por la oposición.
Con su decisión, Nkurunziza abrió una crisis política que se mantiene hasta la fecha y desencadenó una ola de violencia y represión que aún no ha cesado. De hecho, el Tribunal Penal Internacional (TPI) está llevando a cabo una investigación por posibles crímenes contra la Humanidad en Burundi, país que se convirtió el pasado octubre en el primero en abandonar dicha corte.
Entre los crímenes que se investigan figuran asesinato, encarcelamientos, torturas, violaciones, desapariciones forzosas y persecución. Las organizaciones de Derechos Humanos han señalado en particular al ala juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure, a los que se acusa de acosar e intimidar a la población, además de actos de violencia.
Al tenso clima imperante en el país en vísperas de la consulta, se sumó el pasado viernes un ataque de hombres armados aún sin identificar en la provincia de Cibitoke, cerca de la frontera con Ruanda y República Democrática del Congo (RDC), que dejó 26 muertos, incluidos once niños.
Además, Nkurunziza decidió recientemente suspender las emisiones en el país de las cadenas BBC y Voice of America, además de advertir a la emisora gala Radio France Internationale de que podría seguir su mismo camino, en el marco de sus esfuerzos por controlar la disidencia y las voces discordantes. Los principales opositores al presidente han optado por vivir en el exilio por temor por sus vidas.
Ante este panorama, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, expresó este martes su temor a que pueda producirse un estallido de violencia en el país africano, el cuarto más pobre del mundo.
"Todo el mundo sufrirá si estalla la violencia durante o después del referéndum", previno, instando al Gobierno de Nkurunziza a "asumir sus responsabilidades" y garantizar no solo "paz, seguridad y una democracia plenamente funcional", sino también que se respeten los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.
"En medio de la intimidación generalizada por parte del Estado y los leales al partido gobernante, el referéndum no se celebra en igualdad de condiciones", ha denunciado por su parte, el director para África de Freedom House, Jon Temin, para quien no permitir la cobertura por parte de BBC y VOA "demuestra que el Gobierno sabe que está equivocado".
También han expresado su preocupación por la situación en el país tanto Estados Unidos como la Unión Europea y a este coro de voces de alerta se sumó igualmente la Conferencia Episcopal de Burundi, que a principios de mayo pidió que el referéndum no se celebrara ya que consideraba que no podía realizarse en un ambiente en el que los burundeses pudieran "votar libremente 'sí' o 'no'".
CAMBIOS CONSTITUCIONALES
Pero ¿cuáles son los cambios que Nkurunziza quiere introducir en la Constitución? El más importante y criticado es el que contempla ampliar de cinco a siete los años del mandato presidencial, además de limitar a dos los mandatos --como ya ocurría, si bien el mandatario esgrimió en su defensa que la Constitución era posterior a su primera elección para optar a un tercero--.
Dado que se cambiaría la Constitución, ello supondría hacer tabla rasa y que el contador para Nkurunziza, en el poder desde 2005, volviera a cero. Con ello, el actual presidente podría buscar su reelección en 2020 y de nuevo en 2027, por lo que no tendría que dejar el cargo hasta 2034. Pero además, de prosperar las enmiendas, Nkurunziza podría regresar a la Presidencia en 2041, puesto que el nuevo texto solo impide gozar de más de dos mandatos sucesivos, pero no dice nada de que no sean consecutivos.
Además, se incluyen otras disposiciones que, de prosperar, la oposición advierte de que echarían por tierra el Acuerdo de Arusha. En particular, preocupa la exigencia de que presidente y vicepresidentes juren su cargo ante Dios, toda vez que este no aparecía mencionado en el texto anterior y que el país sigue siendo laico.
También genera inquietud el hecho de que para sacar adelante una ley sea necesaria la mayoría absoluta y no de dos tercios como hasta ahora. Este último punto preocupa por el hecho de que el Parlamento está compuesto en un 60 por ciento por hutus y en un 40 por ciento por tutsis, lo que facilitará al partido del presidente --un antiguo líder rebelde hutu--, el Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia- Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), la adopción de leyes sin contar con la minoría tutsi.
En este mismo sentido, hasta ahora estaba previsto que el presidente contara con dos vicepresidentes que debían proceder de grupos étnicos y partidos distintos. Con los cambios propuestos, se crea la figura de primer ministro y no se prohíbe que sea del mismo partido --y por ende grupo étnico-- que el presidente, además de suprimirse uno de los puestos de vicepresidente.
"El régimen ha designado los cambios constitucionales principalmente para suprimir cualquier obstáculo a su control del aparato del Estado. Pero en el proceso también podría estar sentando las bases para revertir el equilibrio de poderes étnico" en el país establecido con el Acuerdo de Arusha, ha advertido el 'think-tank' International Crisis Group (ICG).
Este organismo llama en particular la atención sobre la prevista revisión en los próximos cinco años de las cuotas étnicas diseñadas para proteger la presencia de la minoría tutsi en el Parlamento, el Gobierno y otras instituciones como el Ejército. Dichas cuotas "eran una parte clave del Acuerdo de Arusha", ha defendido.
Así las cosas, el líder de la oposición, Agathon Rwasa, ha expresado sus dudas de que la consulta sea libre y justa, mientras que el partido gobernante defiende el referéndum y exige que no haya injerencia extranjera. "Corresponde a los burundeses ahora decidir su futuro y no debería haber injerencia de otros países", defendió el lunes el secretario general del CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, en el cierre de la campaña electoral.
CRISIS HUMANITARIA
La crisis política ha estado acompañada por una crisis humanitaria, que ha pasado mucho más desapercibida. Casi 400.000 burundeses han optado por refugiarse en los países vecinos en los últimos tres años, un 56,4 por ciento de los cuales son niños, mientras que otros 175.000 se han visto desplazados dentro del país.
Actualmente, unos 3,6 millones de burundeses necesitan ayuda humanitaria, lo que supone una cuarta parte de la población del país y representa un 20 por ciento más que en 2017, según los datos de la ONU. Además, 2,6 millones de habitantes tienen problemas para acceder a suficiente comida, frente a los 1,5 millones de un año antes y uno de cada seis menores de 5 años presenta desnutrición crónica.
Para cubrir estas necesidades, la ONU solicitó para 2018 un total de 142 millones de dólares, de los que a fecha de hoy se han recibido solo el 2 por ciento. El temor de la comunidad humanitaria es que la situación siga deteriorándose, sobre todo si el referéndum desencadena una ola de violencia a gran escala.
