PHNOM PENH 21 Feb. (EP/AP) -
El Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) anunció que ha realizado una auditoría entre el 29 de enero y el 3 febrero sobre las finanzas del tribunal que juzga por cargos de genocidio a los antiguos Jemeres Rojos.
Esta agencia de la ONU, que se encarga de parte de los gastos que genera el juicio, reaviva con este anuncio las alegaciones y rumores de casos de corrupción existentes en este tribunal. Los resultados de la auditoría, no obstante, no se han hecho públicos por el momento.
El PNUD declaró a través de un comunicado que su decisión de llevar a cabo una auditoría interna se debe a "varias informaciones" recibidas en el último año y que "causan preocupación sobre la transparencia de los procedimientos" del tribunal. "El PNUD se toma estas cuestiones muy en serio", explicó el texto.
En este sentido, la Iniciativa pro Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI, en sus siglas en inglés) acusó recientemente a distintos jueces y personal de esta corte que juzga los cargos que pesan sobre el Ejército de los Jemeres Rojos de recibir sobornos por parte de responsables del Ejecutivo camboyano. El OSJI se define a sí misma como una organización que "promueve reformas legales en base a los derechos humanos, provee conocimientos y fortalece la capacidad legal en el mundo entero".
El tribunal que dirige este juicio se creó en 2003 después de un acuerdo alcanzado por Camboya y la ONU. El mismo puso fin a varios años de difíciles negociaciones en torno a los imputados del régimen de los Jemeres Rojos que debían ser llevados ante la justicia.
Su misión es depurar responsabilidades sobre los delitos que se cometieron bajo el régimen comunista entre 1975 y 1979, periodo en el que murieron 1,7 millones de personas ya fuera por ejecución, agotamiento inducido por explotación laboral, enfermedades diversas o malnutrición.
El personal del tribunal, compuesto por personal camboyano y extranjero, ha negado fervientemente las acusaciones de la OSJI. Miembros de la corte han remitido una carta a esta organización en el que califica de "irresponsable" las denuncias filtradas a la opinión pública.