BEIJING 12 Mar. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Débora Altit) -
Las máximas autoridades judiciales chinas han difundido una circular defendiendo la reforma de la aplicación de la pena de muerte para garantizar que todas las condenas "sean capaces de soportar el paso del tiempo", en un país en el que no son infrecuentes los casos aparecidos en la prensa de ajusticiados que, años después, se descubre que eran inocentes.
Según señala hoy en su web el diario "South China Morning Post", la circular viene a apoyar y justificar la nueva regulación existente en el país desde este año, que obliga a que todas las condenas a muerte sean revisadas en Beijing por el Tribunal Popular Supremo.
Curiosamente, apenas un mes después que entrara en vigor la normativa se pudo saber que un musulmán de la etnia uigur de la región de Xinjiang (oeste) había sido condenado a muerte por un tribunal local, y ajusticiado, bajo la acusación de participar en actividades separatistas.
En cualquier caso, la medida se considera una de las mayores reformas del sistema penal chino de las últimas dos décadas, y según aseguran los expertos, a la larga significará la completa abolición de la pena capital, aunque el documento publicado ayer aclara que no es ésa la intención, sino solamente imponerla de forma más cauta.
La circular, que fue difundida, además del por el Tribunal Popular Supremo, por la Fiscalía General y los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, prohíbe también el "paseíllo" de los condenados, recurso frecuente utilizado para avergonzar a los reos y aleccionar al pueblo. La práctica ha sido utilizada no sólo entre los condenados a muerte: uno de los últimos casos, que provocó las protestas de la opinión pública, ocurrió en diciembre pasado en la ciudad de Shenzhen (sur), cuando la Policía organizó un "desfile" con prostitutas y clientes detenidos en una redada.
En el nuevo documento también se estipula la obligación de celebrar una audiencia formal (si bien no necesariamente pública), en lugar de la típica revisión como mero trámite habitual hasta ahora.
Por último, señala que el juez, si es preciso, se trasladará al lugar del crimen para revisar las evidencias, y que cualquier prueba o testimonio obtenido por medio de la violencia será invalidado. Aunque la tortura y la violencia están teóricamente prohibidos en el país, son un recurso frecuente entre la Policía china.
Las buenas intenciones de esta medida, no serán fácilmente puestas en práctica, según advierte el 'Morning Post', por motivos puramente logísticos: para poder revisar las 10.000 ejecuciones anuales que tienen lugar en China (es decir, más de la mitad de todas las condenas a muerte del mundo), primero hará falta contratar a entre 300 o 400 nuevos jueces.
La pena capital en el país asiático se aplica a un amplio abanico de crímenes que, en otros países, suelen considerarse delitos menores. Delitos económicos como el fraude fiscal, el narcotráfico de pequeñas cantidades de droga o la reincidencia (que en algunos casos puede tratarse de robos sin violencia) puede verse castigados en China con una condena a muerte. La máxima pena también puede aplicarse cuando se dañen o roben reliquias culturales o se mate, por ejemplo, a un oso panda.
Hasta ahora el lapso existente desde el momento del juicio hasta la ejecución era de menos de un año, e incluso de sólo unos meses. Una vez el juicio concluía con la condena a muerte, el reo tenía siete días para apelar al tribunal provincial, tras lo cual se celebraba un segundo juicio. Si el juicio confirmaba la sentencia, la ejecución (un disparo o una inyección letal) tenía lugar inmediatamente después. Los órganos de los ajusticiados, según han denunciado algunas ONG, son posteriormente vendidos para ser trasplantados.