Gambia asegura que se trata de una "gran victoria" en la lucha "para hacer justicia"
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado este viernes las objeciones presentadas por las autoridades birmanas contra la denuncia presentada por Gambia en noviembre de 2019 para que el principal órgano judicial de Naciones Unidas juzgue el presunto genocidio de la población rohingya en el país asiático.
El tribunal se ha declarado competente para juzgar el caso y ha admitido la solicitud presentada por Gambia, tal y como ha indicado en un comunicado en el que ha tirado por tierra las objeciones de Birmania, que se centraban en la "falta de jurisdicción" de la corte o la "inadmisibilidad" de la solicitud presentada.
Según Birmania, detrás de la petición se encontraba, en realidad, la Organización para la Cooperación Islámica, un organismo internacional que agrupa a los estados de confesión musulmana, y no el Gobierno de Gambia.
Además, aseguraba que el país africano no podía acudir la CIJ para juzgar este caso dadas las "reservas" por parte de Birmania ante el artículo VIII de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Las autoridades birmanas han acusado a Gambia de "carecer de legitimidad" para llevar el caso ante la CIJ.
En este sentido, había puntualizado que la corte adolece de jurisdicción dado que las partes en cuestión carecen de disputa alguna en el marco de la citada convención hasta la fecha.
Así, el tribunal ha rechazado todas las objeciones preliminares presentadas y ha resuelto la cuestión de manera prácticamente unánime, con quince votos a favor y uno en contra. La corte considera que posee jurisdicción en base al artículo IX de la Convención y que cuenta con las competencias necesarias para abordar el caso.
Las autoridades gambianas no han tardado en aplaudir la medida de la CIJ y han señalado que se trata de una "gran victoria" en la lucha para lograr "que se haga justicia" con los rohinyas.
"Este fallo supone un hito y allana el camino para que este caso siga adelante", ha indicado el Ministerio de Justicia de Gambia en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.
Gambia se ha convertido en el primer país que denuncia a otro sin una relación directa con los presuntos crímenes sustentándose en la Convención sobre el Genocidio. El paso, resultado de la implicación personal del exministro de Justicia Abubacarr Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingyas en Cox's Bazar, Bangladesh, y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por el genocidio en el país africano, cuenta con el respaldo de un gran número de Estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).
Dado que el caso podía prolongarse durante años, Gambia ya solicitó en 2019 a la CIJ que adoptara medidas cautelares con "urgencia extrema" con el fin de "proteger los derechos de los rohingyas".
Demostrar que se ha cometido genocidio no es fácil y hasta el momento solo se han reconocido tres casos desde la Segunda Guerra Mundial: el perpetrado por los Jemeres Rojos en Camboya a finales de los años 1970; el de casi un millón de hutus y tutsis moderados en Ruanda en 1994; y el de los 8.000 hombres y niños musulmanes asesinados en Srebrenica, en Bosnia, en 1995. Precisamente, la CIJ ya falló en 2017 sobre este último caso, dictaminando que Serbia no cumplió con su obligación de impedir el genocidio.
"IMPULSO" PARA MAYOR ACCIÓN INTERNACIONAL
Por otro lado, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha celebrado la decisión del CIJ y, en palabras de la directora interina de la organización para Asia, Elaine Pearson, "abre la puerta hacia un ajuste de cuentas atrasado contra la campaña asesina del Ejército de Birmania contra la población rohingya".
"Al hacer que los militares rindan cuentas por sus atrocidades contra los rohingya, la Corte Internacional podría proporcionar el impulso para una mayor acción internacional hacia la justicia para todas las víctimas de los crímenes de las fuerzas de seguridad de Brimanai", ha dicho Pearson.
Asimismo, la representante de HRW ha incidido en que esta decisión de la CIJ "brinda una oportunidad importante para analizar las políticas y prácticas abusivas del Ejército de Birmania que han preservado su poder durante décadas".
