LA PAZ, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Justicia comenzará hoy en la ciudad de Sucre el juicio contra el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), acusado de la muerte de al menos 67 personas durante el denominado "octubre negro" de 2003, sin embargo, el ex mandatario no estará presente porque se encuentra exiliado en Estados Unidos desde hace casi seis años.
Apenas ocho de los acusados podrían hacer acto de presencia en los tribunales de Sucre, debido a que de las 17 personas que han sido imputadas, nueve huyeron del país hace unos años, informó el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta. A tres de ellos el Gobierno peruano les otorgó asilo político la semana pasada.
En ese grupo de acusados se incluyen once de los ministros del Gobierno de Sánchez de Lozada entre los que destaca Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, que huyeron a Estados Unidos. Asimismo, figuran los ex funcionarios Hugo Carvajal exiliado en España, y Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia que se encuentran en Perú. Cinco miembros del alto mando militar y policial tendrán que declarar también en este proceso, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Del gabinete ministerial del ex mandatario sólo podrían estar presentes los ex ministros Erick Reyes Villa, Dante Pinto y Adalberto Kuajara, además de varios ex comandantes de las Fuerzas Armadas que forman parte del alto mando militar, anunció Mayta.
Los principales demandantes del proceso son los familiares de los fallecidos y de las más de 400 personas que resultaron heridas durante la revuelta popular ocurrida en octubre de 2003 en la que miles de manifestantes pedían la renuncia Sánchez de Lozada.
La fiscal de Recursos, Mirna Arancibia, indicó que tienen en sus manos "más de 4.900 pruebas para sustentar la acusación por genocidio contra del ex presidente", además hay unos 3.000 testigos dispuestos a declarar en este juicio oral que pudiese durar varios meses.
Arancibia destacó que entre las pruebas que van a presentar durante el proceso judicial está "un examen psiquiátrico" que le practicaron al Sánchez de Lozana "para establecer el grado de capacidad mental" y que, según ella, pone en evidencia que él "tenía la intención clara de usar la fuerza y de matar".
"Hemos presentado la documentación del caso octubre negro, los reportes periciales, informes de inteligencia de la Policía, de las Fuerzas Armadas, los certificados forenses, los certificados de defunción, informes clínicos de los heridos, amplio muestrario fotográfico donde se podrá apreciar los atropellos contra la población", explicó.
Desde que Morales llegó al poder en 2006 ha expresado su ferviente intención de procesar a los responsables de esta masacre y ha pedido a los Gobiernos de los países que han albergado a varios de los acusados entregarlos a la justicia boliviana. La semana pasada La Paz y Lima tuvieron un fuerte roce diplomático tras la decisión del presidente peruano, Alan García, de darle asilo político a tres de los ex ministros procesados.
DELITOS
A Sánchez de Lozada se le acusa de haber firmado el decreto 27.209 que autorizó la intervención del Ejército en las revueltas que se produjeron en octubre de 2003 cuando miles de manifestantes, en varias ciudades del país, protestaron en contra de la supuesta exportación gas boliviano por puerto chileno.
Las protestas comenzaron en la localidad de Warisata, a 70 kilómetros de La Paz, donde fueron asesinados seis campesinos en manos del Ejército. Pero las manifestaciones continuaron por varios días siendo las jornadas más violentas las del 12 y 13 de octubre cuando más de 34 personas fueron masacradas en la ciudad de El Alto, la cual tuvo que ser militarizada.
Sánchez de Lozada realizó varios intentos de llegar a un acuerdo con los campesinos y los trabajadores del sector de hidrocarburos para definir una política de venta del gas --principal producto de exportación boliviano-- pero tuvo que renunciar el 17 de octubre y huir a Estados Unidos.
Los delitos que se le imputan son homicidio, vejaciones y torturas lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, allanamientos atentados a la libertad de prensa y resoluciones contrarias a la ley, detalló ABI.
Los familiares de las víctimas piden 30 años de prisión no sólo para Sánchez de Lozada sino también para los ministros, militares y policías que serán procesados a partir de este lunes, mientras que el fiscal que lleva el caso, Milton Mendoza, pedirá la "declaratoria de rebeldía" para aquellos acusados que no estarán presentes en el juicio.
Sánchez de Lozada se convierte de esta manera en el segundo ex presidente boliviano en ser enjuiciado. El primero fue el dictador Luis García Meza (1980-1981), quien actualmente cumple condena en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz por el delito de genocidio.
