MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional de Uganda ha avalado este miércoles la mayor parte de la ley anti LGTBI que fue adoptada en 2023 y que contempla la pena de muerte para los casos de "homosexualidad agravada", un término ambiguo que abarca las relaciones con menores o discapacitados, las realizadas bajo coacción o con una persona inconsciente.
Los jueces, que se han pronunciado a raíz de una batería de recursos presentados por más de 20 personas, aluden a la "singularidad" de la Constitución ugandesa para alegar que los tribunales deben tener en cuenta "las normas socioculturales, los valores y las aspiraciones" propias de Uganda.
"La Ley contra la Homosexualidad es, en general, un reflejo de las realidades socioculturales de la sociedad ugandesa y fue aprobada por una abrumadora mayoría de los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos", reza un comunicado del Constitucional difundido por el Gobierno.
Los jueces, no obstante, entienden que es necesario preservar el "delicado equilibrio" entre los intereses de la sociedad y la "autonomía individual", y anulan cuatro de las provisiones contempladas en la ley.
En concreto, aquellas que criminalizan de forma específica la cesión de instalaciones con "fines homosexuales", la implicación en actos que deriven del contagio de una "enfermedad terminal" y la ausencia de denuncia ante la Policía en caso de tener constancia de supuestos delitos.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la polémica ley en mayo de 2023, y aunque aseguró que las autoridades del país africano no perseguirían a nadie por su orientación sexual, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y numerosos gobiernos de la comunidad internacional condenaron lo que consideraron un drástico retroceso para la comunidad LGTBI.
La promulgación de la norma ya derivó en una revisión de los fondos por parte del Banco Mundial, mientras que el Gobierno de Estados Unidos adoptó sanciones contra altos cargos ugandeses.
