MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo de expertos en política internacional, International Crisis Group (ICG) advierte de que el proceso de paz en el que se encuentra inmerso actualmente Nepal corre un grave peligro si la Justicia nepalí no aborda los "crímenes sistemáticos" cometidos durante la guerra civil, sin que hasta el momento haya llegado ante los tribunales ni un sólo caso de abusos o asesinatos extrajudiciales desde el final del conflicto.
"Se ha establecido una cultura de la impunidad que ha dejado intactos los crímenes cometidos, por lo que el descontento de la opinión pública va en aumento, como los alicientes para recurrir a la violencia", indicó la organización en un comunicado.
ICG exhorta a que se persigan, como prioridades inmediatas, los delitos más violentos perpetrados tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por los miembros de las antiguas guerrillas maoístas, pero recomienda que no se adopte una "aproximación absolutista" porque será imposible de poner en práctica y podría impedir los necesarios compromisos que deben lograr las partes para forjar un acuerdo político estable.
"Acabar con la impunidad tiene un efecto directo a la hora de controlar la transición en la fracturada Nepal", asegura el grupo, que denuncia que no todas las disputas están siendo correctamente resueltas de acuerdo con los principios constitucionales.
ICG pide a las partes que asuman que el hecho de responsabilizar a criminales que anteriormente gozaban de impunidad supone una "transición dolorosa", pero recuerda que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de "centenares de desapariciones, asesinatos extrajudiciales y prácticas desbocadas de tortura" que costaron la vida a buena parte de los 13.000 fallecidos durante la guerra civil.
El grupo de expertos acusa a los maoístas de perpetrar "brutales asesinatos de civiles y oponentes políticos" y de justificarlos como "una parte esencial de su estrategia política".
NI CULPABLES, NI RESPONSABLES
Ambas partes se han comprometido a reconocer que han roto, en el transcurso del conflicto "reglas fundamentales", pero el problema reside en que ninguno de ambos bandos quiere aceptar el hecho de ser responsable de violar preceptos humanitarios en el transcurso del conflicto.
"La falta de acción no se debe a la ausencia de promesas, sino a que estas promesas se han convertido en el sustituto de las acciones", asegura el grupo.
De igual modo, se entiende que la preocupación por las víctimas ha sido "inconsistente", porque cualquier tipo de indemnización hacia las víctimas del conflicto se ha visto "debilitada" por la "manipulación política" y la inexistencia de "supervisión" sobre los fondos de distribución. "Para los parientes de los más de 1.000 desaparecidos", apunta el grupo, "la confusión, tensión y sensación de haber sido traicionados no ha hecho sino aumentar".
ICG lamenta que los partidos políticos no hayan expresado "interés alguno" en investigar los crímenes del pasado. Es más, denuncia que han "explotado" su falta de responsabilidad para justificar "las habituales interferencias en su sistema de justicia criminal", lo que ha dejado "desmoralizadas y cada vez más desesperadas" a las fuerzas de seguridad, que todavía tienen que lidiar con "pequeñas, pero peligrosas" escaramuzas en algunos puntos del país.
ICG describe un panorama marcado por la apatía social. "Los ciudadanos no tienen ganas de reexaminar lo que el Estado hizo en nombre de su seguridad, no ven necesidad de catarsis alguna, ni de emprender un diálogo nacional", lamentan los expertos.
"Muchas de las víctimas procedían de comunidades largo tiempo marginadas por el estado y por los estratos sociales más influyentes, y la atención de los medios es esporádica", apuntaron.
COMPROMISO INTERNACIONAL
A pesar de que el grupo considera que los esfuerzos internacionales "no son sustituto de la voluntad política", es necesario un "compromiso" exterior para respaldar el proceso de paz. Pero la situación tampoco es optimista. "Naciones Unidas ha perdido credibilidad al haber quedado marginada del proceso de paz", señala el grupo.
"Sin la capacidad de vetar sistemáticamente a las actuales tropas de paz, incluso los presuntos criminales de guerra más sanguinarios ocupan cargos influyentes en las misiones de la ONU", según el grupo, que asegura incluso que entre ellos se encuentra un general nepalí al que se le ha interrogado por su presunta implicación en la tortura y asesinato de una adolescente en 2004.
"Los países que aportan ayuda militar, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, India y China, rara vez o nunca han restringido las oportunidades a estos individuos que estaban acusados de perpetrar violaciones", denunció el grupo.
ICG recomienda, en este sentido, establecer una serie de prioridades, comenzando por la persecución judicial de los casos más serios de abusos cometidos durante el conflicto, a través de comisiones que vayan más allá de las "inadecuadas explicaciones" proporcionadas por el momento tanto por el Ejército como por los maoístas.
El segundo paso consiste en crear comisiones sobre las desapariciones durante la guerra y cumplir un estándar básico en el ámbito de la "reconciliación social", tal y como se especifica en el Acuerdo Integral de Paz firmado por ambos bandos. Por último, el ICG insta a la necesidad de vetar el acceso a las fuerzas de paz, para asegurar la estabilidad futura de los cuerpos de seguridad.