Cuatro años de la Primavera Árabe: ¿A qué han conducido las protestas?

Foto: EUROPA PRESS
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2014 9:56

MADRID, 11 (EUROPA PRESS) -

Cuatro años después de que la inmolación del joven tunecino Mohamed Buazizi desencadenara una oleada de protestas contra los regímenes autocráticos del mundo árabe, la situación en cada país ha seguido caminos diferentes que han llevado a una ligera democratización en algunos de ellos y a la guerra y el desmoronamiento del Estado en otros.

 Si bien en líneas generales se puede apreciar que las monarquías han superado sin grandes cambios al proceso y que los modelos republicanos se han mostrado más frágiles ante las protestas, la realidad en cada uno de los países se ha visto marcada por su contexto social e histórico, llevando a importantes diferencias en el desarrollo político.

  Por el contrario, sí que se puede asegurar que las sociedades civiles del mundo árabe han revelado no ser tan estáticas y contrarias a la democracia como se hizo ver durante décadas, mostrando a su vez que el apoyo de Occidente a los regímenes de la región era resultado de sus intereses geoestratégicos y no de una falta de voluntad favorable a la democratización y la introducción de los derechos fundamentales en la vida pública de los países.

La influencia extranjera en la política de la región se ha mantenido durante el periodo de levantamientos populares y conflictos, incrementando el rechazo de gran parte de estas sociedades a las injerencias y provocando que las fracturas internas hayan contado con una división internacional basada en los actores políticos a los que apoya cada uno de los países.

Asimismo, ha quedado revelada la difícil relación entre las potencias occidentales y el Islam político, personificado en Hermanos Musulmanes y otros partidos asociados o vinculados a su ideología u objetivos, al ser uno de los principales vencedores de los procesos electorales celebrados tras la caída de varios regímenes.

 Cuatro años después, y pese a las diferencias en cada uno de los países, la situación política, económica y social no se ha adecuado a las exigencias iniciales de los manifestantes, por lo que aún se está lejos de una estabilidad en la región, si bien muchos grupos revolucionarios han sido silenciados o aplastados por las fuerzas de seguridad y parece poco probable una nueva oleada de reivindicaciones similar a la vivida entre finales de 2010 y principios de 2011.

MARRUECOS

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El caso del rey Mohamed VI es uno de los característicos que se han podido ver en las monarquías de la región. En vista de que las protestas no tuvieron la magnitud que en los países vecinos --si bien se saldaron con al menos seis muertos--, aprovechó que su figura es muy respetada en el país para hacer algunas concesiones, fundamentalmente en el ámbito económico.

   Asimismo, inició un proceso de reforma constitucional que ampliaba los derechos civiles y rechazó alguno de sus amplios poderes administrativos. El proceso se saldó con la aprobación de la nueva Constitución en julio y con la celebración de unas elecciones anticipadas en las que se impuso el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), cercano a la monarquía.

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ARGELIA

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La oleada de protestas prodemocráticas se dejó notar también en Argelia, donde se registraron varias inmolaciones --con un saldo de cuatro fallecidos-- siguiendo el ejemplo de Buazizi.

La presión social llevó finalmente al Gobierno a anunciar en febrero de 2011 su decisión de levantar el estado de emergencia, vigente en el país durante 19 años. Asimismo, el presidente, Abdelaziz Buteflika, prometió cambios constitucionales --aún no completados--.

El Gobierno introdujo además nuevas leyes que afectaban al código electoral y la representación de las mujeres en las instituciones.

El mandatario consiguió su reelección este año en unas elecciones cuya limpieza volvió a ser puesta en duda por la oposición, un proceso marcado además por la su ausencia durante la campaña en medio de los rumores sobre su estado de salud.

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TÚNEZ

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El caso de Túnez, en el que se considera que se inició el levantamiento popular --si bien algunos apuntan al campamento saharaui de Gdeim Izik como precursor--, ha sido paradigmático en la región. Tras el derrocamiento y huida del país de Zine el Abidine ben Alí se inició un proceso de transición hacia la democracia que, a pesar de los problemas que ha enfrentado, se ha saldado con un notable éxito.

La celebración en octubre de 2011 de las primeras elecciones democráticas y limpias desde la independencia (1957) fue un hito en el país que se saldó con la victoria del islamista Ennahda, que creó un tripartito con dos partidos laicos. Sin embargo, las tensiones entre laicos e islamistas provocó el ascenso de algunos grupos radicales, lo que derivó en incidentes violentos como el asalto a la Embajada estadounidense en septiembre de 2012.

La situación empeoró y llegó a su culmen a principios de 2013 con el asesinato de los políticos izquierdistas Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, lo que sumió al país en una crisis política que llevó a la apertura de un diálogo nacional y la promulgación de la Constitución, con más de un año de retraso.

En el marco del diálogo, Ennahda aceptó abandonar el poder para permitir la creación de un Gobierno tecnócrata que ha supervisado las elecciones parlamentarias y presidenciales, que se saldaron con la victoria de Nidaa Tounes y con su líder, Beyi Caid Essebsi, como nuevo presidente del país.

Estos comicios han marcado el regreso a la escena política de antiguas figuras de los regímenes de Ben Alí y Habib Burguiba, lo que ha sido visto como una amenaza al proceso revolucionario, si bien el anuncio de un Gobierno con figuras de Ennahda ha permitido vislumbrar una etapa de estabilidad.

Este proceso, aunque ha contado con incidentes de seguridad en la zona del monte Chaambi, ubicada en la frontera con Argelia y donde operan varias células islamistas armadas, ha estado marcado por la estabilidad, manteniendo a Túnez como ejemplo del proceso de democratización en el mundo árabe.

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LIBIA

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En el caso de Libia, las protestas contra el Gobierno de Muamar Gadafi fueron reprimidas de forma violenta desde prácticamente su inicio, lo que, sumado a la estructura tribal del país y la ausencia de una autoridad estructurada en la Yamahiriya llevó a la fragmentación del conflicto con el alzamiento en armas de numerosas guerrillas locales o tribales.

El conflicto armado tuvo como elemento diferenciador la decisión de Naciones Unidas de aprobar la resolución 1973, que autorizaba "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil, excluyendo una operación terrestre. Con el avance de la ofensiva, surgieron informaciones sobre el papel de algunos países, como Reino Unido, en el envío de personal sobre el terreno para ayudar a los rebeldes.

Finalmente, Gadafi fue capturado y ejecutado en los alrededores de la localidad de Sirte, tras lo que se anunció el fin del conflicto y la formación del Consejo Nacional de Transición (CNT), que fue ampliamente criticado en el interior del país por su inmovilismo y sus divisiones internas.

La incapacidad de las nuevas autoridades para desarmar a las milicias y el resurgimiento de las tensiones regionales, solapadas durante el Gobierno de Gadafi, llevaron a un estancamiento político y al refuerzo de las milicias, que buscaron acaparar cada vez mayores cuotas de poder.

La situación ha derivado hacia el estallido de una segunda guerra civil en el país con la presencia de dos gobiernos paralelos con distintos estamentos militares y guerrilleros (así como países extranjeros) que apoyan sus operaciones, amenazando con una mayor inestabilidad y con expandir el conflicto en el Sahel.

En la actualidad, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) está mediando en un proceso de conversaciones marcado por las diferencias entre ambas partes y por los enfrentamientos sobre el terreno, lo que no facilita avances en el plano diplomático. Asimismo, la aparición de milicias vinculadas al grupo extremista Estado Islámico en el país amenaza con añadir un mayor grado de inestabilidad a la situación.

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EGIPTO

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La situación en Egipto desde el derrocamiento de Hosni Mubarak tras un levantamiento popular que se saldó con casi 850 muertos debido a la represión de las manifestaciones se puede definir como una vuelta al antiguo régimen.

Tras un periodo de transición dominado por el Ejército en el que Hermanos Musulmanes mantuvo una postura conciliadora con los militares --lo que fue criticado por los revolucionarios--, el islamista Mohamed Mursi se convirtió en junio de 2012 en el primer presidente electo del país.

Sin embargo, el alejamiento de su Gobierno de los objetivos de la revolución y la aprobación de una nueva Constitución de corte marcadamente islamista derivó en una nueva oleada de protestas que se saldó con un golpe de Estado militar encabezado por Abdelfatá al Sisi que apartó a Mursi del poder.

Desde entonces, las leyes aprobadas han supuesto un retorno a los tiempos de Mubarak, que incluso ha sido absuelto de la muerte de manifestantes durante las protestas contra su régimen, lo que se ha visto seguido por una creciente represión contra Hermanos Musulmanes y las figuras revolucionarias laicas.

En la actualidad, Al Sisi ha conseguido ganarse el respaldo de la comunidad internacional ondeando la seguridad y la lucha antiterrorista y jugando la carta de que Hermanos Musulmanes --que ha sido declarado un grupo terrorista-- supone un peligro para la estabilidad de la región.

Sin embargo, la situación de libertades y Derechos Humanos ha retrocedido a niveles preocupantes y el Ejército ha aumentado unos ya muy importantes poderes con el objetivo declarado de devolver la seguridad al país ante el incremento de las operaciones de grupos armados como Ansar Bait al Maqdis y Agnad Misr.

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JORDANIA

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Jordania, importante aliado de EEUU en la región, superó las protestas sin cambios de importancia y sin que se cuestionara el papel y la legitimidad de su monarquía. Sin embargo, las protestas obligaron al rey Abdalá a cesar en febrero de 2011 al entonces primer ministro, Samir Rifai, y a su sucesor, Maruf al Bajit, por la lentitud en la aplicación de reformas, en cualquier caso cosméticas.

No fueron los únicos cambios en el Gobierno, ya que tras ellos se sucedieron otros dos primeros ministros. Finalmente, el monarca disolvió el Parlamento en octubre de 2012 para convocar elecciones anticipadas y nombró primer ministro a Abdulá Ensur.

Pese a estos cambios, se han registrado pocos avances y sí algunos retrocesos en áreas como la libertad de expresión y reunión.

Por otra parte, el país se ha visto forzado a adoptar una postura más firme contra el Estado Islámico tras la captura y ejecución por parte del grupo yihadista de uno de sus pilotos, Muaz al Kasaesbeh.

Así, en los últimos días ha llevado a cabo varios bombardeos contra las posiciones de la formación, recurriendo además a la ejecución de dos personas condenadas por terrorismo como 'venganza' por el asesinato de Al Kasaesbeh, lo que ha sido criticado por parte de la comunidad internacional.

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SIRIA

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La violenta represión de las manifestaciones en Siria por parte del Ejército de Bashar al Assad derivó rápidamente en un conflicto en el que, en un inicio, los grupos opositores armados estuvieron integrados por militares desertores y activistas que tomaron las armas para hacer frente a los abusos del Gobierno.

A pesar de que el Gobierno anunció una serie de concesiones para intentar calmar la situación --muchas de las cuales nunca fueron aplicadas-- la continuidad de la cruenta represión provocó el inicio de una guerra civil de perfil bajo que se fue recrudeciendo con el paso de los meses.

La creación de una oposición en el exilio --con escaso peso sobre el terreno y alejada de las operaciones de los grupos armados-- fue vista con buenos ojos por la mayoría de la comunidad internacional, que ha abogado mayoritariamente por la salida del poder de Al Assad, a pesar de la oposición de Rusia y el silencio de China.

La revolución fue secuestrada por algunos grupos armados extremistas, como el Frente al Nusra o el Estado Islámico, muy alejados de los objetivos de los activistas y que han aprovechado el caos para asentarse en el país y ganar importantes cuotas de poder, a pesar de la oposición de la mayoría de la ciudadanía a sus interpretaciones del Islam.

La situación ha derivado en una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia reciente, con más de 150.00 muertos, 680.000 heridos, 6,5 millones de desplazados internos y 2,5 millones de refugiados, según los datos de la ONU, si bien las cifras podrían ser aún mayores.

En la actualidad, la comunidad internacional ha puesto el foco en la lucha contra el Estado Islámico, lo que ha rebajado la presión contra Al Assad, que ha visto justificada su retórica de lucha antiterrorista para justificar su represión y, si bien muchos países siguen viendo su salida como una prioridad, han desviado sus esfuerzos a luchar contra este grupo, asentado también en Irak.

Pese a ello, el Gobierno ha criticado en varias ocasiones la intervención de países extranjeros para combatir al grupo en el país, recalcando que supone una violación de su soberanía y pidiendo coordinación en este campo.

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YEMEN

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El levantamiento popular en Yemen se ha quedado igualmente a medio camino entre el éxito y el fracaso, ya que, si bien logró la salida del poder de Alí Abdulá Salé, éste lo hizo en el marco de un acuerdo que le concedió inmunidad y dejando en el poder a su 'número dos', Abdo Rabbu Mansur Hadi.

Las protestas, al igual que en otros países de la región, se centraron en la mala situación económica, el desempleo y la corrupción, así como contra los planes de Salé de modificar la Constitución para que su hijo pudiera asumir el poder, siguiendo un modelo de república hereditaria similar al sirio.

La represión de las protestas y la presión internacional llevaron a la firma del acuerdo de salida de Salé, quien sin embargo ha mantenido una gran influencia en la escena política del país, llegando su partido a expulsar a Hadi por apoyar un paquete de sanciones de la ONU contra él.

La fragmentación tribal y religiosa del país, caracterizado históricamente por sus múltiples líneas de fractura y la injerencia de potencias como Reino Unido, Estados Unidos, Egipto o Arabia Saudí, acrecentaron las luchas por el poder ante la situación de colapso del anterior Gobierno y de la reestructuración en el Ejército y las fuerzas de seguridad.

En medio de esta situación, la milicia chií huthi --muy activa políticamente-- ha conseguido importantes avances territoriales, llegando a hacerse con el control de la capital, Saná, y forzando a Hadi a dimitir tras unos meses en los que buscaron el nombramiento de un Gobierno de unidad.

A principios de febrero, el grupo, liderado por Abdel Malik al Huthi, anunció que impondría un nuevo "consejo presidencial" en Yemen en una declaración unilateral que fue inicialmente rechazada por la mayoría de las demás facciones del país.

Pese a ello, el enviado de la ONU para Yemen, Yamal Benomar, dijo que las nuevas conversaciones entre los huthis y los demás partidos para resolver la crisis sí que se iban a celebrar, abriendo una vía a la esperanza que se estrechó rápidamente con la salida del proceso de dos de las formaciones participantes.

Al igual que en otros países, la ligera apertura conseguida gracias a la presión de la sociedad civil no ha llevado a una mejora de las condiciones en el país, que sigue siendo uno de los más pobres del mundo y que sigue marcado por las desigualdades existentes desde hace décadas.

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BAHRÉIN

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Bahréin, uno de los principales focos de las manifestaciones de la 'Primavera Árabe', ha sido uno de los grandes ignorados en el panorama internacional debido a las alianzas estratégicas del país con Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudí, que se pronunciaron a favor del cambio en otros países y pasaron de puntillas por Manama.

El emirato reprimió violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio y llegó a imponer la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, permitiendo la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición --de mayoría chií-- ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 90 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

Sin embargo, la dinastía gobernante, los Al Jalifa, han mantenido el control con puño de hierro, encarcelando a múltiples personas por ejercer sus derechos fundamentales y acusando a Irán de azuzar las protestas en el país, lo que ha sido rechazado por Teherán.

En el último capítulo de esta represión contra la oposición, las autoridades han detenido y han abierto un juicio contra el secretario general del partido Al Wefaq --la principal formación opositora--, el jeque Alí Salman, lo que ha sido criticado por países como Estados Unidos e Irán.

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