MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Estados Unidos han criticado este martes la decisión de Brunéi de aplicar la revisión del Código Penal que permitiría la pena de muerte por lapidación por adulterio y mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.
"La decisión de Brunéi de implementar la 'sharia' o ley islámica y las penas asociadas va en contra de los Derechos Humanos, especialmente en relación con la tortura y el trato cruel e inhumano", ha expresado el portavoz del Departamento de Estado Robert Palladino.
En este sentido, el Departamento ha mostrado su "fuerte oposición a la violencia, la criminalización y la discriminación de grupos en situación vulnerable, como las personas LGTBI".
"Todos los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan disfrutar libremente de los Derechos Humanos universales y las libertades fundamentales a las que tienen derecho", recoge el texto del Departamento.
Así, Washington ha instado a Brunéi a ratificar e implementar la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que fue firmada en 2015 y a firmar, ratificar e implementar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
CAMBIOS LEGALES EN 2014
Brunéi fue el primer país en introducir la ley criminal islámica en 2014, cuando anunció el primero de los tres pasos de cambios legales que incluían multas y cárcel por ofensas como el embarazo fuera del matrimonio o no rezar los viernes.
La homosexualidad es ilegal en Brunéi y es punible hasta con 10 años de encarcelamiento, pero los cambios previstos incluyen los latigazos y la lapidación para los musulmanes que sean condenados por adulterio, sodomía o violación, según han alertado grupos de Derechos Humanos.
Las actitudes socialmente conservadoras son una constante en el sureste asiático. Birmania, Malasia, Singapur y Brunéi tienen prohibidas las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que en Indonesia ha habido un aumento de los ataques contra el colectivo LGTB en los últimos años.
Brunéi, un antiguo protectorado británico de unos 400.000 habitantes enclavados entre dos estados malasios en la isla de Borneo, es el primer país del este asiático en adoptar el componente criminal de la 'sharia' a nivel nacional.
