Archivo - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo
MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre que no volverá a haber elecciones en el país centroamericano "deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria" y ha instado a la comunidad internacional a actuar.
"La declaración de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca más celebrará elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria. Daniel Ortega y Rosario Murillo (su esposa, la copresidenta) han abandonado incluso la apariencia de la aprobación popular", ha criticado en un duro comunicado.
Rubio ha señalado que "el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas". "Estados Unidos pide a la comunidad internacional que se una para demostrar a la dictadura de Murillo-Ortega, que no puede pretender hacer negocio como de costumbre con otras naciones cuando está frustrando los principios básicos de nuestro hemisferio democrático", ha zanjado.
El presidente Ortega afirmó en la víspera que no volverá a haber elecciones en el país --que gobierna desde 2007-- y acusó a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público, apuntando además a que impulsará leyes para consolidar su permanencia en el poder.
"Hay que hacer que las leyes les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias", dijo el también secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en alusión a la oposición, con motivo de un discurso por el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista.
El exguerrillero --que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979, siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana-- gobierna el país centroamericano desde que llegara por segunda vez al gobierno en 2007.
La oposición y diversas organizaciones civiles han denunciado una deriva antidemocrática en el país, agudizada tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y se han visto seguidas de detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad, así como la cancelación de las actividades de numerosas ONG y universidades que fueron el foco de las manifestaciones antigubernamentales.