La defensa del español advierte de que el tratado no es una garantía total para el traslado pero confía como Moratinos en que se produzca
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
España y Filipinas firmaron hoy el tratado sobre el traslado de personas condenadas que permitirá que Francisco Larrañaga, el español que cumple cadena perpetua en el país asiático y otro nacional preso en este país por un delito menor puedan ser trasladados a España.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, suscribió el documento con el embajador filipino en España, Joseph D. Bernardo y Medina, este mediodía en el Palacio de Santa Cruz. Ahora el texto deberá ser suscrito por los parlamentos de ambos países, lo que no sucederá antes de junio, ya que el archipiélago ha celebrado elecciones legislativas esta semana.
Una vez ratificado, la previsión es que a finales de año o principios del siguiente, coincidiendo con la visita de Estado que la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, prevé realizar a este país, todos los trámites estén concluidos para que se pueda proceder al traslado de Larrañaga.
No obstante, el tratado no constituye una garantía total para el traslado de Larrañaga, ya que las autoridades filipinas podrían buscar algún motivo para impedirlo, como no reconocerle la nacionalidad española, advirtió hoy a Europa Press el abogado del recluso en España, Javier Viada, quien reconoció que el convenio está "un poco hecho a imagen y semejanza del caso" del joven de origen vasco.
Aun así, Viada prefiere trabajar con la hipótesis de que se decidirá el traslado, tras lo cual, lo primero que hará su defensa será entrevistarse con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para ver "en qué régimen será trasladado a España".
Una vez en España, Larrañaga pasaría a disposición de Instituciones Penitenciarias, que decidiría en qué prisión le ingresa o incluso podría aplicarle "directamente un tercer grado", relató Viada.
El letrado admitió que espera que a Larrañaga se le aplique un "régimen atenuado o incluso un derecho de gracia", para evitar que pase otros 20 años encerrado, algo "impensable" para la defensa, que pretende que su cliente quede en libertad. Hasta ahora ha cumplido en Filipinas 10 años de su condena a cadena perpetua y según la legislación española, no podría pasar más de 30 años en prisión.
REINSERCIÓN SOCIAL
Tras la firma del tratado, Moratinos consideró que este convenio facilita la situación de Paco Larrañaga y confió en que gracias a él "pueda volver a España". Añadió que el tratado refuerza las relaciones entre ambos países y cumple el "objetivo básico" de "reinserción social" de los reclusos, al permitirles cumplir su condena en un entorno "social y familiar más próximo que facilite su integración.
Por su parte, el embajador filipino calificó la firma de tratado de "histórica" y reiteró el compromiso de su Gobierno con el "sistema democrático", el "respeto de los Derechos Humanos" y la "rehabilitación social de personas sentenciadas".
Larrañaga se benefició el año pasado de la decisión de Arroyo de conmutar la pena capital por la de cadena perpetua a todos los presos condenados a muerte en cárceles filipinas.
El joven hispano-filipino, de 29 años, fue condenado a la pena capital acusado del secuestro, violación y asesinato de dos hermanas en la ciudad de Cebú en 1997, en un juicio plagado de irregularidades, en opinión de la familia, su defensa y numerosas organizaciones internacionales. Hijo del ex pelotari vasco Manuel Larrañaga y de Margarita González, Paco Larrañaga asegura que estaba en Manila y no en Cebú el día del crimen, y denuncia que no se le dejó testificar en su defensa ni a él ni a una treintena de testigos.
Tras la conmutación de la pena de muerte, los Gobiernos español y filipino dieron en junio de 2006 el primer paso para firmar el Acuerdo bilateral sobre Traslado de Personas Condenadas.
