MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades etíopes han confirmado que un total de 11.607 personas han sido detenidas desde la declaración el pasado mes de octubre del estado de Emergencia por las fuertes protestas contra la apropiación territorial por parte del Gobierno, registradas en varias partes del país.
La llamada Junta de Investigación del Estado de Emergencia ha divulgado este sábado la lista de detenidos a través de la televisión estatal FANA, donde se precisan los motivos de la detención -- en su mayor parte por cargos de "incitar a la violencia y generar desestabilidad -- y se especificó que 347 de ellos son mujeres.
El Gobierno ha prometido desde entonces la negociación de una serie de reformas políticas para apaciguar las exigencias del principal grupo implicado en las manifestaciones, la tribu de los Oromo, que denuncian que las autoridades etíopes se están apropiando de sus tierras.
Según la ley de Emergencia, el comité dispone de un mes para confirmar los cargos contra los detenidos, según informa el portal AllAfrica.
RELAJACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
El descenso de la violencia en Etiopía ha llevado al Gobierno a retirar este martes las restricciones de viaje impuestas contra varios diplomáticos y políticos en el marco de las medidas de emergencia puestas en marcha tras meses de disturbios.
Según el Gobierno, las restricciones, impuestas para garantizar la seguridad de los diplomáticos, han sido retiradas ante un claro cese de la violencia. "Ya pueden moverse por Etiopía sin tener que notificarlo o solicitar autorización debido a que la paz y estabilidad han sido restauradas", ha señalado el ministro de Defensa, Siraj Fegesa.
Los disturbios, que se iniciaron en 2015 en protesta contra el plan de desarrollo de Adís Abeba, la capital del país, se ha saldado con unos 500 muertos. Según los manifestantes, el proyecto supondría el desplazamiento forzoso de un gran número de agricultores de los alrededores de la región de Oromiya.
El Gobierno de Etiopía decretó en octubre el estado de emergencia, que incluía una serie de restricciones contra la actividad de los grupos opositores, así como la prohibición de viaje de diplomáticos y políticos, que no podían abandonar la capital sin autorización previa.
El bloqueo de las redes sociales y la telefonía móvil continúa vigente, según las autoridades, que han admitido que la democracia en el país, donde no hay diputados de la oposición en el Parlamento, debe crecer.
