La Eurocámara aprueba suspender ayudas de la UE a países que minen el Estado de Derecho o no atajen la corrupción

BRUSELAS 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves, por amplia mayoría a mano alzada, el proyecto normativo que permitirá suspender o recortar ayudas de la Unión Europea que socaven el Estado de Derecho y no atajen la corrupción o el fraude con fondos europeos.

Las nuevas normas, cuya redacción final se deberá negociar con los gobiernos, que todavía no han fijado su posición, y la nueva Eurocámara que salga de las urnas en mayo, pretenden evitar que fondos del futuro presupuesto multianual europeo a partir de 2021 vayan a parar a países con "deficiencias generalizadas" en el Estado de Derecho.

De acuerdo con la propuesta, la Comisión Europea podría suspender pagos o reducir la financiación previa si constata "deficiencias generalizadas" en el Estado de Derecho en un país, para lo que contará con la asistencia de un panel de expertos jurídicos y en temas financieros.

Las ayudas se suspenderían o recortarían salvo que una mayoría cualificada de gobiernos y una mayoría simple en la Eurocámara lo rechace o decidan modificar la sanción. Los fondos se podrían desbloquear siguiendo el mismo procedimiento si la Comisión constata que el país afectado pone medios para resolver los problemas identificados.

La Comisión podrá concluir que el Estado de Derecho está amenazado en un país si determina una mala praxis en la ejecución o el control de las ayudas por parte de las autoridades nacionales o estos minan las investigaciones contra el fraude --incluido fiscal--, la corrupción u otras infracciones que afectan al presupuesto europeo, pero también en el caso de que tribunales independientes no pueda revisar los casos o interfieran en la labor de los tribunales.

También se concluirá que existe una amenaza cuando los países no recuperen ayudas indebidamente concedidas, no impidan la evasión fiscal o en caso de falta de cooperación con la oficina antifraude de la UE o el Fiscal General europeo cuando proceda.

El panel de expertos en Derecho y asuntos financieros que asistirá a la Comisión para determinar que existe un problema, que estará compuesto por un experto que nombrará cada uno de los parlamentos nacionales y cinco por parte de la Eurocámara, evaluará la situación en todos los estados miembro cada año y publicará un resumen de sus conclusiones.

Dependiendo del alcance de los problemas, la Comisión podría decidir medidas como suspender los compromisos, interrumpir los plazos para el pago, reducir la financiación previa o suspender los pagos y presentaría una propuesta a los Veintiocho y la Eurocámara para transferir una cuantía equivalente al valor de la sanción a la reserva del presupuesto.

Eso sí, a menos que estipule lo contrario la Comisión en su decisión, el país afectado deberá seguir ejecutando el programa de ayuda y realizar los pagos a sus beneficiarios finales cuando se trate, por ejemplo, de investigadores u organizaciones de la sociedad civil, a los que el Ejecutivo comunitario asistirá para que reciban las cuantías debidas.

"El respeto por el Estado de Derecho y todos los valores de la UE son principios fundamentales sobre los que se ha construido el proyecto europeo. Ningún gobierno puede violar esos valores sin sufrir ninguna consecuencia", ha justificado la eurodiputada socialista, Eider Gardiazabal Rubial, una de las responsables de la negociación del presupuesto europeo en la Eurocámara.

El otro responsable, el eurodiputado popular finlandés, Petri Sarvamaa, ha explicado que la Eurocámara ha "reforzado" el mecanismo para "la protección de los beneficiarios finales" de las ayudas, así como el papel de la Eurocámara en la toma de decisión.