El informe ha salido adelante con el voto en contra o abstención de Podemos e Izquierda Unida
BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento europeo ha dado este jueves su apoyo a crear un nuevo mecanismo que permitirá recortar o congelar fondos comunitarios a los Estados miembros que no combatan el fraude y la corrupción o pongan en riesgo el Estado de derecho en su territorio.
Se trata de una propuesta de la Comisión Europea que debe ser aún negociada con los Veintiocho y que, de salir adelante, permitiría bloquear y desbloquear recursos procedentes de las arcas comunitarias si se produce un mal uso de los fondos europeos por gobiernos que se alejen de los valores democráticos.
El informe adoptado en el pleno con 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones ha sido redactado por la socialista Eider Gardiazábal, quien ha destacado que la protección de los principios democráticos son la base del proyecto europeo y ha pedido que ningún gobierno pueda vulnerar esos valores "sin sufrir las consecuencias".
El texto ha salido adelante con los votos en contra de tres de los eurodiputados de Podemos --Xabier Benito, Miguel Urbán y Tania González--. Por su parte, se han abstenido los eurodiputados de IU Javier Couso, Paloma López Bermejo y Ángela Vallina, además de Lola Sánchez (Podemos) y Lidia Senra (AgE).
Fuentes de Podemos consultadas por Europa Press han argumentado que el informe incluye un elemento "difícil" para ellos, como es que se pueda retirar fondos a un país que incumpla reglas económicas como el déficit, ya que limitaría la acción de un Gobierno progresista que quisiera "corregir" medidas de austeridad. Esta posibilidad de congelar fondos por incumplir las normas de estabilidad presupuestarias, sin embargo, existe ya en las reglas actuales.
RESPUESTA A DEFICIENCIAS GRAVES
El primer paso para congelar fondos le corresponderá a Bruselas, quien deberá determinar con la ayuda de un grupo de expertos si existen "deficiencias generalizadas" graves en un Estado miembro que puedan dañar el Estado de derecho y amenacen la gestión de fondos europeos.
En función del problema que se detecte en el país en cuestión, la Unión Europea podrá optar por suspender compromisos de pago, interrumpir los plazos de pago, reducir la prefinanciación o suspender los pagos.
En cualquier caso, la iniciativa prevé que se mantenga la "obligación" del Gobierno sancionado de cumplir con los programas o proyectos comprometidos, de modo que los beneficiarios de estas partidas, como investigadores u organizaciones de la sociedad civil, sigan recibiendo los apoyos con los que contaban.
Además, el Ejecutivo comunitario deberá enviar al Parlamento y al Consejo una propuesta para transferir la cantidad afectada a la reserva presupuestaria. La medida entrará en vigor en un plazo de cuatro semanas, siempre que la Eurocámara o el Consejo modifiquen o frenen la propuesta, y se seguirá el mismo procedimiento para desbloquear las partidas suspendidas.
