MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El II Encuentro Europeo de Juristas y Pastoral Penitenciaria, que se celebró del 26 de abril al 1 de mayo en Viena, criticó en sus conclusiones "el aumento de la duración de las condenas privativas de libertad en las legislaciones europeas", "el fracaso rehabilitador de la pena en prisión" y "su alto coste". Asimismo, consideró que el período de internamiento de los reclusos "no debe ir más allá de los 15 años" porque "el deterioro" que la cárcel produce a los presos "hace prácticamente imposible su reinserción social".
Convocados por la Presidencia de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC-Europa), los especialistas en ciencias sociales y jurídicas procedentes de Alemania, Austria, Escocia, Holanda y España analizaron en estas jornadas las medidas que son necesarias adoptar para alcanzar el efectivo respeto de los Derechos Humanos en los ámbitos penal y penitenciario, informó hoy la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Así concluyeron que "el período de internamiento de los reclusos no debe ir más allá de los quince años", ya que "el deterioro producido en las personas hace prácticamente inviable su rehabilitación y reinserción social". También consideraron "conveniente establecer un límite mínimo, pues las penas cortas son igualmente inútiles al no permitir un tratamiento adecuado". Con respecto a la pena de muerte, los asistentes a estas jornadas la condenaron "unánimemente".
También abogaron por "la necesidad de buscar medidas alternativas a las penas de prisión, sin olvidar el respeto igualmente debido a las víctimas". En esta línea, destacaron el papel de la mediación tanto en el ámbito penal como penitenciario y manifestaron la necesidad de sensibilizar a la comunidad.
Los especialistas también criticaron que algunos países no tengan previsto la posibilidad de excarcelación por causa de salud. "Se les envía a un Hospital con seguridad, pero no se da la excarcelación por motivos de salud", reclamaron.
Los profesionales católicos vinculados al sistema penitenciario europeo también analizaron algunos colectivos específicos de la población penitenciaria, como los drogodependientes, enfermos mentales, ancianos, extranjeros, menores y mujeres.
En relación a los drogodependientes, constataron la necesidad de ofrecerles tratamiento por parte de redes y apoyos exteriores. Con respecto a los enfermos mentales, pusieron de manifiesto la carencia de recursos para atenderlos convenientemente y advirtieron del peligro de pasar de "todos a un centro psiquiátrico" a casi "todos a la calle" y la conveniencia de no alejarlos de su familia, de las personas significativas y de su entorno.
Sobre los ancianos señalaron que "la prisión no es el sitio" para ellos por lo que solicitaron la búsqueda de apoyos sociales y la cercanía de familiares. Por otra parte, denunciaron el caso de algunos inmigrantes que ingresan en prisión por encontrarse en una situación administrativa irregular y no por haber cometido un ilícito penal. Según destacaron, en este ámbito "es necesario preparar a funcionarios de prisiones y personal de manera específica, incorporando intérpretes, mediadores interculturales dentro de la prisión".
LOS MENORES NO DEBEN ESTAR EN LAS CÁRCELES.
En relación a los menores, plantearon que las personas que tienen menos de 18 años no deben estar en prisión, "independientemente del nombre que éstas reciban" y "el foco de la pena tiene que estar en la reeducación y en la resocialización". "El régimen cerrado debe ser una excepción para personas con menos de dieciocho años. Los centros de menores deber estar regulados como centros educativos", indicaron.
Sobre las mujeres en prisión, pusieron especial énfasis en el hecho de que "ningún niño debe estar en prisión dando cumplimiento a la primacía del interés superior del niño". Frente a esta situación, plantearon la elaboración de alternativas a la presencia de las mujeres en prisión, como pueden ser Unidades Dependientes fuera de prisión.
También denunciaron que "el hacinamiento" y "la falta de personal" dificulta un tratamiento individualizado de los presos. Por otra parte, consideraron que en el supuesto de primera condena, sin patología y buena conducta, se debe propiciar la clasificación en tercer grado. Al respecto, señalaron que se debe también promover los grados intermedios, posibilidad prevista en varias legislaciones.
Con relación a los permisos penitenciarios, indicaron que el fracaso durante los permisos, especialmente los primeros, "no puede achacarse exclusivamente a la persona presa, sino que habría que analizar hasta qué punto el tratamiento dado durante todo el tiempo anterior ha sido eficaz para prepararle para la libertad, así como analizar los elementos de asistencia que ha tenido a la salida".
Al respecto, añadieron que la falta de criterios uniformes de concesión de permisos, diferentes para cada prisión "provoca inseguridad jurídica". Por lo que, según indicaron, debe establecerse una regulación "más clara y concreta".
Además, analizaron "la carencia de apoyos" que, en general, tienen las personas que han estado presas cuando salen en libertad y la necesidad de generar redes de apoyo exteriores, lo que, según apuntaron, "se da en muy pocos países".
También estimaron que los beneficios penitenciarios son necesarios y deben conllevar limitación de condena. "Los beneficios penitenciarios no se deben confundir con los derechos de la persona presa --por ejemplo: el hecho del traslado a otra prisión más cercana a su domicilio debido al buen comportamiento--. Se debe volver al principio de redención de condena por el trabajo", comentaron.
Asimismo, abogaron por "un juez especializado y una ley específica y precisa con todas las garantías procesales en materia penitenciaria". Por último, insistieron en "el importante papel" que desempeñan la Iglesia, en general, y la Pastoral Penitenciaria, en particular, dada la repercusión que pueden tener sus planteamientos en la opinión pública.