Advierten del riesgo de que terminen siendo torturados o que sean condenados a pena de muerte
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Expertos en Derechos Humanos de la ONU han manifestado este viernes su "profunda preocupación" por la decisión de España de extraditar a China a varias personas chinas y taiwanesas reclamadas por cargos de fraude, ante el riesgo de que sufran torturas y malos tratos o puedan ser condenadas a pena de muerte.
En diciembre de 2016, las autoridades españolas detuvieron a 269 sospechosos, de los cuales 219 eran taiwaneses, por su supuesta participación en estafas de telecomunicaciones para defraudar a ciudadanos chinos. Este jueves, dos taiwaneses fueron extraditados desde España a China y los expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas temen que haya más extradiciones.
"Estamos consternados por la decisión de los tribunales españoles de extraditar a estas personas. El dictamen claramente contradice el compromiso internacional de España de abstenerse de expulsar, devolver o extraditar a personas a cualquier Estado donde existan razones fundadas para creer que podrían estar en peligro de ser sometidas a tortura ", han asegurado en un comunicado los expertos de Naciones Unidas.
"Además, la pena que afrontan por los delitos mencionados en la demanda de extradición podría llevar a sanciones severas, tales como trabajo forzados e incluso el riesgo de pena de muerte", han advertido.
Los expertos de la ONU también han trasladado su preocupación por la posibilidad de que algunos de los reclamados por China puedan haber sido víctimas de trata de personas, puesto que varias de estas personas habrían declarado que fueron llevados a España con la promesa de que trabajarían como guías de turismo pero terminaron trabajando haciendo llamadas fraudulentas a China.
"Estas acusaciones no parecen haber sido adecuadamente investigadas por las autoridades españolas, ni tomadas en consideración antes de la decisión de extradición, poniendo así en riesgo a las personas que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad", han afirmado los expertos.
A su juicio, "toda política de deportar personas sin garantías procesales, sin evaluaciones de riesgos caso por caso y sin medidas de protección adecuadas viola el Derecho Internacional y las expone al riesgo de nuevas violaciones de Derechos Humanos, incluida la detención arbitraria, los malos tratos y la tortura".
"Instamos a las autoridades españolas a suspender el proceso de deportación de estas personas y a revisar de inmediato la decisión de extradición con el fin de garantizar el pleno respeto de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos bajo el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre el Estatuto de Refugiado", han concluido.
