MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Bahréin, Nawaf Abdulá Hamza, ha acusado a ocho agentes de Policía de torturar a detenidos en el marco de la represión de las protestas pro democráticas que estallaron en el país en febrero de 2011, según ha informado la agencia estatal de noticias bahreiní, BNA.
Hamza ha indicado que, tras realizar las investigaciones pertinentes en torno a las acusaciones vertidas por algunos prisioneros sobre las torturas recibidas durante su periodo de encarcelamiento, "ocho agentes han sido acusados, entre ellos un teniente".
"Entre los cargos están la tortura sobre un acusado para conseguir una confesión, el haber provocado al detenido una discapacidad permanente, haberle difamado o haberle asaltado y agredido, todos ellos delitos recogidos por la legislación".
"El 23 de octubre de 2012, un equipo de investigadores visitó la prisión de Jaw para interrogar a los doce presos en el marco del caso por conspiración, y dilucidar si habían sido sometidos a torturas o abusos durante el periodo de investigación o su arresto, aunque se negaron a hablar, por lo que se programó otra visita el 20 de noviembre", ha explicado.
Así, Hamza ha agregado que el equipo "regresó a la cárcel y escuchó las declaraciones de los convictos en presencia de sus abogados, aunque algunos de ellos se negaron a hablar y otros simplemente dijeron a los investigadores que cumplieran con lo estipulado por la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI)".
Dicha comisión fue establecida en 2011 para depurar responsabilidades tras las protestas del año pasado y que concluyó acusando a las autoridades de perpetrar "graves e impunes" violaciones de los Derechos Humanos, entre las que destacan prácticas generalizadas de tortura y maltrato.
Por último, Hamza ha renovado su llamamiento a la ciudadanía para subrayar que "es necesario que se informe directamente a la Fiscalía General de todas las quejas o informes que caigan bajo su jurisdicción".
En septiembre, un agente de Policía fue condenado a siete años de cárcel por matar a un manifestante durante las protestas.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente desde marzo de 2011 las protestas pro democráticas en el territorio. Manama impuso la ley marcial y solicitó la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones. Asimismo, el Gobierno ha prohibido cualquier manifestación o concentración por motivos de seguridad.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
