AMSTERDAM, (Reuters/EP)
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha acusado este martes al Gobierno de Kenia de no haber entregado los registros telefónicos y bancarios requeridos como pruebas de que el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, habría pagado a gente para que participaran en las revueltas violentas posteriores a las elecciones en 2007. Los jueces de la corte están considerando retrasar el juicio a la espera de que se entreguen las pruebas.
Kenyatta ha negado las acusaciones que le apuntan como coordinador de la ola de violencia que acabó con la vida de 1.200 personas. Además, un representante del Gobierno ha desestimado las acusaciones de los fiscales en la audiencia que se ha celebrado este martes en el TPI.
Los abogados del presidente han dicho que las acusaciones y peticiones de pruebas son solo una tapadera para ocultar la falta de evidencias y que, al culpar directamente al Gobierno, se esta dañando el derecho de Kenyatta a un juicio justo.
Aun así, se espera que el miércoles Kenyatta se convierta en el primer jefe de Estado en funciones que responda ante el TPI si, finalmente, no se aplaza el juicio.
Documentos de la corte muestran que hasta un tercio de los testigos de la acusación contra Kenyatta se han retirado, alguno tras recibir amenazas de individuos no identificadas. En respuesta, la defensa del presidente africano también ha dicho que sus testigos también han sido amenazados.
Tanto Kenyatta como su 'número dos' William Ruto no están arrestados y han obedecido todas las citaciones que han recibido en relación con los cargos a los que se enfrentan hasta el momento. Ruto también niega los cargos en su contra. Ambos han prometido su plena cooperación con el tribunal mientras, a la vez, han hecho todo lo posible por las vías diplomáticas para que se desestimasen sus casos.
"Desafortunadamente, las acusaciones infundadas y no probadas están a la orden del día. Mis acusadores, tanto nacionales como extranjeros, han pintado una imagen nefasta de la mayoría de los líderes africanos como realizaciones de la corrupción y la impunidad", dijo Kenyatta ante el Parlamento el lunes.
En representación del Gobierno de Kenia, el fiscal general Githu Muigai ha dicho que las autoridades habían cooperado en la medida que lo permiten las leyes nacionales y que han proporcionado toda la información disponible.
RIVALES
Kenyatta, miembro de la étinia kikuyu --la mayor de Kenia--, y Ruto, un kalenjin, estaban en bandos rivales en la carrera electoral de 2007. Se les acusó de incitar a los grupos que masacraron a opositores usando machetes, arcos y flechas.
Aunque no hay una lista de testigos publicada, los jueces responsables dijeron que los fiscales pretenden llamar a 30 testigos, de los cuales, dos son testigos expertos.
Se espera que los jueces se pronuncien sobre el futuro del caso después de la audiencia del miércoles. El colapso del juicio sería un duro golpe a un tribunal que ha dictado sólo dos veredictos de culpabilidad y una absolución desde su nacimiento en 2003.
El tribunal se ha enfrentado a muchos problemas a la hora de hacer su trabajo. Dos ejemplos a destacar son los casos del presidente de Sudán, Omar al Bashir, y del hijo del exdictador libio, Saif al Islam Gadafi, que siguen en libertad porque los gobiernos de sus países se niegan a entregarlos.
