Reprocha a la ONU que no mencione el impacto de la caída del precio del petróleo ni las sanciones
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado el informe publicado este jueves por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por considerar que ofrece "una visión distorsionada" de la situación en Venezuela.
El informe --elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las "graves vulneraciones" de los Derechos Humanos en Venezuela y otros ocho países, de la reciente visita de Bachelet y de "otras fuentes"-- acusa al Gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta "compleja" situación "de inmediato".
En la primera reacción del Gobierno, el Ministerio de Exteriores venezolano ha difundido el informe que remitió a su vez a la Oficina de la Alta Comisionada, en el que realiza 70 "observaciones" sobre los "incontables errores, imprecisiones, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre" el texto de la ONU.
"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos", responde el Palacio de Miraflores.
Para Caracas, "esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración" porque "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial".
A este respecto, expresa su especial preocupación por que "el 82 por ciento de las entrevistas utilizadas para fundamentar el informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela", algo "injustificable" teniendo en cuenta que la Oficina de Bachelet ha visitado dos veces el país en lo que va de año.
El Gobierno de Maduro reprocha a Bachelet que "el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de Derechos Humanos", vulnerando con ello los estándares para realizar una "evaluación objetiva e imparcial".
"No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de Derechos Humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial", resume.
CLIMA POLÍTICO
La oficina de Bachelet sostiene que en la última década, aunque especialmente desde 2016, "el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
El Ejecutivo venezolano ha reprochado a la ONU que "omite mencionar las diversas acciones de violencia y contra la Constitución emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002", cuando se produjo el breve golpe de Estado contra el entonces presidente, Hugo Chávez.
En este sentido, Miraflores recuerda "el magnicidio frustrado" contra Maduro, en alusión a la explosión de varios 'drones' durante un desfile militar encabezado por el jefe de Estado el 4 de agosto de 2018 en Caracas; "el intento de golpe de Estado" del 30 de abril, por el fallido alzamiento castrense; y "los constantes llamados a la intervención militar extranjera".
Además, frente a las 793 "personas privadas arbitrariamente de la libertad" que cifra Naciones Unidas y aconseja liberar, El Gobierno de Maduro responde que "esta recomendación resulta inaplicable, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición".
CRISIS HUMANITARIA
Por otro lado, las autoridades venezolanas han afeado a Bachelet "la preocupante ligereza con la que usa el término 'crisis humanitaria', pues no están dados los supuestos previstos en el Derecho Internacional para ello", recalcando que "los impactos negativos sobre la situación social" se debe a "las acciones de agresión contra Venezuela".
Así, aunque el informe habla de "escasez creciente de alimentos", el Gobierno de Maduro sostiene que hay "una amplia disponibilidad de alimentos". Y, ante el desabastecimiento en los hospitales, apela a "los niveles reales de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal".
En concreto, niega que, tal y como indica el informe, 20.000 niños corran el peligro de morir como consecuencia directa de la crisis humanitaria y que 40 pacientes murieran por los apagones, al tiempo que ha denunciado que "40.000 venezolanos han fallecido producto de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos".
Reitera igualmente que la cifra de venezolanos que habrían abandonado el país, que la ONU eleva a los cuatro millones, "resulta errada y exagerada".
Venezuela se queja de que Bachelet recomiende "adoptar medidas para atender la situación de Derechos Humanos" no diga nada "sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país" o sobre "la dramática reducción del precio del barril de petróleo a partir del año 2014".
Con todo ello, ha pedido a la oficina de Bachelet que, "a partir de toda la información aportada (...), adopte las medidas necesarias para corregir los errores del informe".
