Actualizado 20/07/2017 21:07 CET

La "guerra contra la corrupción" en Túnez pone bajo investigación a decenas de funcionarios y empresarios

El primer ministro de Túnez, Yusef Chahed
ZOUBEIR SOUISSI/REUTERS

TÚNEZ, 20 Jul. (Reuters/EP) -

El primer ministro de Túnez, Youssef Chahed, que declaró "la guerra a la corrupción" sin importar la "filiación política", ha hablado por primera vez de los resultados de las medidas adoptadas, con decenas de funcionarios y empresarios siendo investigados y millones de dinares incautados por el Gobierno.

Durante los dos últimos meses, el Gobierno de Túnez se ha incautado de propiedades y congelado cuentas bancarias de al menos 15 grandes empresarios del país, ha despedido a más de veinte trabajadores de aduanas y ha abierto casos contra decenas de funcionarios por posible participación en casos de corrupción.

"Durante nuestra guerra contra la corrupción hemos confiscado unos 700 millones de dinares (más de 24,7 millones de euros) en moneda extranjera y alrededor de 1.000 millones de dinares (353 millones de euros) en mercancías de contrabando", ha informado Chahed en la primera rueda de prensa en la que aborda directamente el tema.

"Nuestro lema es ninguna impunidad contra la corrupción de nadie y no esconderse detrás de ninguna protección política. Los crímenes de corrupción no pasarán", ha declarado en posible referencia a Chafik Jaraya, un magnate de los medios de comunicación detenido en mayo que ayudó al partido del propio Chahed, Nidaa Tounes, a financiar su campaña electoral en 2014.

La oposición tilda la iniciativa de Chahed de espectáculo político para acallar luchas internas dentro de Nidaa Touness. "¿Por qué ha detenido a Jaraya ahora? Jaraya financió su partido y sus mítines. No se trata de una guerra contra la corrupción sino de estrechas batallas políticas", ha dicho el líder de la oposición, Ammar Amroussia.

El comité anticorrupción del país ha advertido de que la corrupción provoca miles de millones de dólares al año en pérdidas y ha presentado casos contra 50 altos funcionarios del Estado.

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