MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha acusado al Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) de intentar "amordazar" las críticas, en medio de las crecientes protestas, al expulsar a su investigadora jefe en el país, Ida Sawyer, con la "excusa" del permiso de trabajo.
El portavoz del Gobierno, Lambert Mende, ha anunciado este martes la decisión de las autoridades congoleñas de no renovar el visado de Sawyer, aunque no ha especificado el por qué ni cuándo tendrá que abandonar el país.
"Se trata del último intento del Gobierno de restringir las denuncias sobre Derechos Humanos en un periodo de creciente represión gubernamental" de las protestas que reclaman a Joseph Kabila que se someta al límite de mandatos presidenciales, ha dicho el director ejecutivo de HRW, Ken Roth, en un comunicado.
Roth ha subrayado que este movimiento es solo una "excusa" que "no debe engañar a nadie" porque, "más que de forzar la salida de Sawyer de RDC, es un descarado intento de amordazar las informaciones sobre la brutal represión del Gobierno".
El jefe de HRW ha urgido a las autoridades congoleñas a, en lugar de usar "tácticas propias de gobiernos abusivos", "tomarse en serio los Derechos Humanos liberando a todos los presos políticos y permitiendo a los activistas, incluida Sawyer, continuar su vital trabajo".
Sawyer lleva trabajando en RDC desde 2008 y ha representado una de las voces más críticas contra la persecución de la disidencia antes de las elecciones programadas para noviembre, pero que el Gobierno ha asegurado que no se podrán celebrar por cuestiones logísticas y presupuestarias.
La Constitución establece que Kabila debe abandonar el cargo tras las próximas elecciones, por lo que muchos opositores consideran que las alegaciones del Gobierno de que los comicios no se podrán celebrar son una estrategia para aferrarse al poder.
En abril, las autoridades congoleñas ya expulsaron del país a Jason Stearns, director del Grupo de Investigación para RDC de la Universidad de Nueva York, poco después de haber publicado un informe en el que relacionaba a soldados con la muerte de civiles.
Dos activistas de Global Witness que investigaban la explotación forestal también fueron obligados a abandonar el país el mes pasado, acusados de incitar a una comunidad local a revelarse.
