Reclama a la comunidad internacional que exija a Prayuth garantías en materia de DDHH y que se persigan los abusos
MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la impunidad con la que ha gobernado Tailandia la junta militar del general Prayuth Chan Ocha desde el golpe de Estado de mayo de 2014, al tiempo que ha censurado la ausencia de un compromiso en materia de Derechos Humanos por parte del nuevo Gobierno civil que lidera el mismo alto mando militar.
En un comunicado, HRW ha dejado claro que el programa político que el general sigue sin tener compromisos en materia de Derechos Humanos, al tiempo que mantiene la premisa de la Constitución que impide que las Fuerzas Armadas tengan que rendir cuentas por la actuación de la junta castrense durante el régimen militar de los últimos cinco años.
"El segundo mandato del primer ministro Prayuth está comenzando con la misma cortina de indiferencia en materia de Derechos Humanos que caracterizó su primer mandato", ha subrayado el director para Asia de HRW, Brad Adams.
"Su programa político no contiene términos que afronten los graves problemas derivados de la represión del régimen militar desde el golpe de Estado de 2014. Sea cual sea la esperanza que traiga el nuevo Gobierno en reformas de Derechos Humanos y avances democráticos, el mandato civil ha sufrido un grave varapalo con el fallo al no incluir ningún compromiso en el programa político", ha recalcado.
UN PROGRAMA DE GOBIERNO SIN AGENDA DE DERECHOS HUMANOS
El programa del general Prayuth, de 40 páginas de extensión y que fue remitido a la Presidencia del Parlamento el 19 de julio, no aborda las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos en Tailandia. De hecho, ni siquiera incluye una "agenda de Derechos Humanos", una cuestión que el general anunció en febrero de 2018 que sería incluida en su programa político.
HRW ha hecho hincapié en una serie de problemas "de derechos políticos y civiles" que tiene que abordar el nuevo Gobierno liderado por el general Prayuth tras las elecciones parlamentarias celebradas en marzo.
En primer lugar, ha subrayado que el Ejecutivo tiene que poner fin a la "impunidad por las violaciones de Derechos Humanos", derivada de que la Constitución impulsada por el general Prayuth y en vigor desde 2017 establece que los militares de la junta castrense no pueden ser procesados por sus acciones durante los cinco años de régimen militar, incluido el propio general Prayuth.
Además, ha recalcado que el Gobierno civil encabezado por Prayuth tiene que acabar con las restricciones a la libertad de expresión, después de que la junta castrense haya procesado a "cientos de activistas, periodistas, políticos y disidentes por haber expresado sus opiniones de forma pacífica".
"Con el nuevo Gobierno, las Fuerzas Armadas mantienen la competencia de poder convocar a cualquiera que haya podido criticar al Gobierno y a la monarquía, interrogarles sin presencia de un abogado y obligarles a cesar en sus críticas a cambio de poder recuperar la libertad", según HRW.
LOS ACTIVISTAS SIGUEN VIVIENDO EN UN "CLIMA DEL MIEDO"
En cuanto a la protección de los defensores de los Derechos Humanos, la ONG ha denunciado que en Tailandia continúa existiendo "un clima de miedo" entre los activistas y los críticos con el Gobierno. "Incluso los que han huido de Tailandia para escapar de la persecución política no están seguros. Al menos tres activistas políticos han desaparecido en Laos y otros dos han sido asesinados. Otros tres activistas políticos tailandeses devueltos por Vietnam han desaparecido", ha denunciado HRW.
Human Rights Watch ha hecho hincapié en que los sucesivos gobiernos de Tailandia han incumplido su obligación de garantizar que los defensores de Derechos Humanos y las organizaciones humanitarias pueden desarrollar su trabajo en un entorno seguro.
"El programa político no afronta tampoco la urgente necesidad de renovar la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha rebajado a la Comisión por su sistema de selección de comisionados adolece de falta de independencia política. Los cambios en la ley aporbados durante el primer mandato de Prayuth debilitaron la Comisión y la transformaron de facto en un mero portavoz del Gobierno", ha señalado.
HRW también ha reclamado al Gobierno de Tailandia que se comprometa a investigar los casos de desapariciones forzadas, torturas, violencia y abusos en las provincias fronterizas del sur del país. En este sentido, ha recordado que, desde enero de 2004, más del 90 por ciento de las 6.800 personas muertas en el conflicto armado en las provincias fronterizas del sur han sido civiles de las comunidades malaya musulmana y budista tailandesa. "Aunque los insurgentes han cometido atroces abusos, las violaciones de derechos por parte de las fuerzas de seguridad han exacerbado en gran media la situación", ha denunciado.
Tras asegurar que las autoridades tailandesas no han realizado investigaciones "serias y creíbles" ante las denuncias de torturas y desapariciones forzadas provocadas por las fuerzas de seguridad, HRW ha criticado que el programa político del general Prayuth "solo menciona vagamente" la importancia de cumplir las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
"Los amigos extranjeros de Tailandia no deberían dejar que las recientes elecciones se conviertan en una excusa para olvigar el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en el país", ha afirmado Adams. "No debería haber prisa para volver a la normalidad sin garantizar compromisos serios y las correspondientes acciones del nuevo Gobierno para respetar los Derechos Humanos", ha concluido.
