MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha condenado el cierre por parte del Gobierno de Tailandia de la cadena de Televisión Voice TV y ha denunciado que "hace un mal uso del decreto de emergencia" que aprobaron las autoridades para frenar las protestas democráticas con el fin de censurar a los medios de comunicación.
El cierre de todas las plataformas online de este medio, anunciado por el Ministerio de Economía Digital y Sociedad, se debe a que, supuestamente, viola el Decreto de Emergencia de la Administración Pública en Situaciones de Emergencia y la Ley de Delitos Informáticos durante la cobertura de una protesta el pasado 16 de octubre a favor de la democracia en Bangkok.
"La prohibición de Voice TV es el último intento del Gobierno tailandés de detener la cobertura de las protestas por la democracia y los consiguientes abusos contra los manifestantes", ha denunciado el director para Asia de HRW, Brad Adams.
Adams ha considerado que esta medida es un nuevo esfuerzo por parte de la Administración de "intimidar y controlar a los medios para que se conviertan en portavoces del gobierno".
Antes de ordenar el cierre de la emisora, las autoridades tailandesas presionaron el pasado 15 de octubre a los proveedores satelitales para que bloquearan su emisión.
"Desde el golpe militar de mayo de 2014 que llevó al poder al primer ministro, el general Prayuth Chan Ocha, el Gobierno ha señalado a Voice TV como objeto de censura y sanciones punitivas más que a cualquier otra emisora de televisión en Tailandia", añade la ONG.
Además, la Administración también ha solicitado el cierre de otros tres medios de comunicación --'The Reporters', 'The Standard' y 'Prachatai'-- argumentando consideraciones similares, como que "podrían causa pánico" o que "podrían amenazar la seguridad nacional".
Por otra parte, HRW asegura que ha tenido acceso a un documento en el que se detalla que el Gobierno está tratando de bloquear las cuentas del movimiento democrático 'Free Youth' de la aplicación Telegram.
"El primer ministro Prayuth debería levantar inmediatamente la prohibición de Voice TV y poner fin a los nuevos intentos de sofocar la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en Tailandia", ha concluido Adams.
VULNERACIÓN DE DERECHOS DESDE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA
El pasado 15 de octubre el primer ministro declaró el estado de emergencia en el país para intentar frenar las protestas democráticas que se han sucedido los pasados meses, mientras que Naciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos han mostrado preocupación por la vulneración de Derechos Humanos y libertades fundamentales que supone esta declaración.
Según la organización Thai Lawyers for Human Rights, al menos 81 manifestantes han sido detenidos desde la declaración del estado de emergencia en Bangkok.
En este marco, el 16 de octubre la Policía tailandesa emitió advertencias contra informativos y comentarios en redes sociales que fueran críticos con la monarquía, el Gobierno y la situación política del país. También se declararon ilegales las manifestaciones en línea a favor de la democracia y la publicación de 'selfies' en manifestaciones.
Ese mismo día, la Policía detuvo a un periodista de 'Prachatai' cuando retransmitía la dispersión de una protesta en Bangkok, mientras que las noticias sobre las protestas han sido bloqueadas por el operador de televisión True Visions. También se ha bloqueado el acceso a la página web 'Change.org' después de que acogiera una petición en la que se solicitaba que el rey Maha Vajiralongkorn fuera declarado persona non grata en Alemania.
Por último, HRW ha denunciado que, durante los pasados cinco meses de protestas, las autoridades han utilizado las medidas de emergencia para controlar la expansión del coronavirus "como pretexto para prohibir las manifestaciones antigubernamentales, acosar a los activistas en pro de la democracia y aplicar la censura".
Desde julio, los manifestantes exigen la dimisión del Gobierno liderado por el general Prayuth y la reforma de la Constitución, redactada por la junta militar que lideró el país desde el golpe de Estado y que garantiza que son las Fuerzas Armadas las que tienen la última palabra a la hora de nombrar gobierno. Gracias a la reforma de la Carta Magna, el general Prayuth se hizo con el cargo de primer ministro a pesar de que su partido no ganó en escaños las elecciones legislativas.
HRW añade que, en el último decenio, "cientos de activistas y disidentes han sido procesados por graves cargos penales como sedición, delitos informáticos y lesa majestad --insultos a la monarquía-- por la expresión pacífica de sus opiniones" en un intento de "amordazar los debates públicos sobre los Derechos Humanos, la reforma política y el papel de la monarquía en la sociedad".
