Recalca que no había objetivos militares en la zona y pide un embargo de armas a las partes en conflicto
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha señalado este jueves que el bombardeo ejecutado en enero por el Ejército de Etiopía contra una escuela en la ciudad de Dedebit, en la región de Tigray (norte), podría equivaler a un crimen de guerra y ha reclamado a Adís Abeba que investigue lo sucedido y juzgue a los responsables.
HRW ha indicado en un informe que el ataque, que habría sido ejecutado por un dron, dejó al menos 57 muertos y 42 heridos y ha resaltado que la escuela acogía en esos momentos a miles de desplazados internos por los combates desatados en noviembre de 2020 en Tigray entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).
"El dron etíope alcanzó el complejo de la escuela de Dedebit en tres ocasiones, matando y mutilando a tigrayanos desplazados, principalmente ancianos, mujeres y niños, mientras dormían en tiendas de campaña de plástico y un edificio de la escuela", ha denunciado la directora de la ONG para el Cuerno de África, Laetitia Bader.
"Usar bombas guiadas sin pruebas de que haya objetivos militares indica que se trata de un aparente crimen de guerra", ha sostenido. La organización ha señalado además que, ante los generalizados abusos por parte de todas las partes en conflicto, los gobiernos extranjeros deberían imponer una moratoria en la venta de armas.
Asimismo, HRW ha recordado que los bombardeos por parte del Ejército contra objetivos en Tigray aumentaron en octubre de 2021 y repuntaron de forma significativa en diciembre de 2021 tras la retirada de las fuerzas del TPLF de las adyacentes regiones de Amhara y Afar, antes de resaltar que el Ejército es la única parte en conflicto que cuenta con drones y en cuyas bases se han detectado aparatos no tripulados en las imágenes por satélite.
La organización ha indicado además que los bombardeos han continuado durante este año y ha reseñado que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha destacado que entre el 22 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de este año se han documentado 304 muertos y 373 heridos en ataques aéreos en Tigray, incluido otro bombardeo contra un campamento de refugiados, y Afar.
Un hombre de 70 años que sobrevivió al ataque en Dedebit ha relatado que cuando tuvo lugar el primer bombardeo se encontraba durmiendo con su familia. "Sentí como si el fuego nos alcanzara. Me levanté sin saber qué pasaba. Antes de que me diera cuenta, tuvo lugar el segundo bombardeo y luego el tercero", ha manifestado.
"Al principio pensaba que habían estallado combates en el campamento, pero luego pude ver que los cuerpos estaban desperdigados y que había cabezas separadas de los cuerpos. Me di cuenta de que no eran enfrentamientos", ha subrayado.
CIVILES "REDUCIDOS A CENIZAS"
Asimismo, un trabajador humanitario que visitó el complejo al día siguiente ha apuntado que "era imposible decir cuántos habían muerto". "Estaban reducidos a cenizas. Había cenizas en el complejo de la escuela. Había árboles en la zona de los alrededores donde se encontraron cuerpos desmembrados", ha reseñado.
HRW ha indicado que 53 personas murieron en el acto, incluidos 15 niños, y ha agregado que la lista que ha obtenido refleja que todos ellos eran desplazados de la localidad de Humera, situada en la zona occidental de Tigray y bajo el control de fuerzas de Amhara que expulsaron a mujeres y niños tigrayanos, así como enfermos y ancianos llegados en noviembre y diciembre de 2021.
Por su parte, médicos de un hospital en Shire han dicho que atendieron a 46 personas heridas en el bombardeo y han añadido que cuatro de ellas, incluido un niño, fallecieron. Un doctor ha recalcado que el centro carece de suministros básicos como guantes quirúrgicos ante el impacto del cerco impuesto por el Gobierno desde junio de 2021 contra la región. Los suministros médicos no pudieron entrar hasta mediados de enero de este año.
HRW ha apuntado que las imágenes por satélites y las fotografías analizadas muestran una destrucción significativa en uno de los edificios de la escuela y en otros dos puntos del complejo que acogían instalaciones para acoger a los desplazados internos.
Las pruebas realizadas a los restos de los explosivos reflejan que se trata de micromuniciones inteligentes diseñadas para drones de fabricación turca Bayraktar TB-2 y otros aparatos no tripulados ligeros similares. Asimismo, HRW ha determinado que se utilizó una variante con mayor potencia explosiva, dados los daños y las heridas analizadas.
La organización ha recalcado además que en la zona no había objetivos militares y ha resaltado que el ataque forzó a estas personas, ya desplazadas por abusos por parte de las fuerzas de Amhara a finales de 2021, a desplazarse nuevamente en el norte del país africano.
"El horrible bombardeo contra una escuela llena de desplazados refleja un fracaso más amplio por parte del Gobierno etíope a la hora de garantizar que cumple con las leyes de la guerra y minimiza los daños a civiles", ha reiterado Bader. "Este ataque ilegal debe ser un recordatorio para los gobiernos que venden armas a las partes en conflicto de que pueden ser cómplices de probables crímenes de guerra", ha argumentado.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Por ello, HRW ha reclamado al Gobierno etíope que investigue "de forma creíble e imparcial" el ataque y que juzgue a los responsables de crímenes de guerra, al tiempo que ha pedido que "facilite una investigación independiente por parte de observadores internacionales imparciales" y que "publique los hallazgos sobre los daños causados por drones a civiles en el conflicto".
"El Gobierno debe facilitar las investigaciones sobre el conflicto en Etiopía por parte de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos y la comisión de investigación de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y permitir inmediatamente el acceso humanitario, así como retirar las restricciones a los servicios básicos en Tigray", ha explicado.
Asimismo, ha indicado que "todas las partes deben respetar el Derecho Humanitario y prevenir y detener los ataques ilegales contra civiles, así como facilitar el acceso humanitario sin restricciones en las zonas bajo su control", mientras que los países que entregan armas o equipamiento militar a las partes "deben dejar de hacerlo hasta que las partes adopten medidas significativas para abordar la impunidad por violaciones de las leyes de la guerra".
HRW ha solicitado además al Consejo de Seguridad de la ONU que agregue la situación en Etiopía a su agenda formal y que imponga sanciones contra responsables del Derecho Humanitario, incluidas las acciones para restringir la entrega de ayuda humanitaria, así como un embargo de la venta y suministro de armas, municiones y equipamiento militar.
Por último, ha destacado que el secretario general de la ONU, António Guterres, "debe agregar Etiopía como 'situación de preocupación' en su informe anual de 2022 sobre niños y conflicto armado ante las graves violaciones contra niños, incluida la muerte y mutilación de niños y los ataques contra escuelas".
El conflicto estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF). El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
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