BRUSELAS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictaminado este miércoles en una sentencia el mantenimiento de 110 personas, la mayoría altos cargos políticos, militares y policiales de Zimbabue, entre ellos el fiscal general, Johannes Tomana, y otras once sociedades del país en la lista de sancionados por graves violaciones a los Derechos Humanos.
La justicia europea desestima así el recurso de Tomana y de las otras 120 personas y sociedades que han reclamado a la justicia europea que se les retirara de la lista, entre ellas a la petrolera Comoil, Industrias de Defensa de Zimbabue y la Corporación de Desarrollo Minero del país, alegando que no había base jurídica para las sanciones y por entender que éstas no fueron motivadas, entre otros.
Las sanciones, que implican la congelación de sus fondos y la prohibición de entrada o tránsito en el territorio de la UE, fueron introducidas en 2002 por los Gobiernos europeos y han sido prorrogadas y ampliadas desde entonces contra miembros del Gobierno o cualquier persona física, jurídica, entidades u órganos asociados con ellos.
Los Gobiernos de la UE sancionaron al fiscal general de Zimbabue por su implicación en "actividades que socavan gravemente la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho" e igualmente justificaron las sanciones contra el resto de altos cargos y sociedades por sus actividades "manifiestamente ligadas" a la política de violencia, intimidación y vulneración de los derechos fundamentales de la población.
La justicia europea ha dictaminado en su sentencia que la mayor parte de los afectados ocupaban puestos de relevancia, los habían desempeñado o estaban asociados a los dirigentes, justificando su inclusión en la lista de sancionados y, en todo caso, que las acciones por las que ha sido sancionadas han sido concretadas adecuadamente por los Gobiernos.
La sentencia no es definitiva, dado que todavía es posible interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la misma.
La Unión Europea decidió el pasado mes de febrero prorrogar un año más, hasta febrero de 2016, las medidas restrictivas impuestas al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y a su esposa y también mantiene un embargo de armas al país.
No obstante, la UE mantiene en suspenso el grueso del paquete de sanciones, a excepción de las sanciones contra la pareja presidencial y al aparato de seguridad e industria de defensa del país.
A pesar de que los Veintiocho ven necesario que el país promueva más reformas políticas, la Unión Europea ha decidido reanudar este año la ayuda al desarrollo a Zimbabue y ha presupuestado 234 millones de euros para el periodo de 2014 a 2020, con el objetivo de contribuir a los avances necesarios para hacer de Zimbabue "un país más democrático y más próspero".