GINEBRA, 14 Sep. (Reuters/EP) -
Un total de 32 países han escrito una carta conjunta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar la precaria situación de los mismos en Bahréin y reclamar la entrada en el país árabe de un relator especial para tortura.
El embajador suizo, Alexandre Fasel, ha sido el encargado de leer la misiva en Ginebra destacando los "positivos pasos" dados por Bahréin en los últimos tiempos para respetar los Derechos Humanos, pero advirtiendo de que aún son insuficientes.
"La situación de Derechos Humanos en Bahréin sigue siendo un tema de gran preocupación para nosotros", ha dicho Fasel, apuntando a "las detenciones por ejercer la libertad de opinión y el derecho a la manifestación pacífica".
Los firmantes han reprochado a Manama que los arrestos suelen dirigirse contra defensores de los Derechos Humanos que sufren acoso y torturas en la cárcel y que se enfrentan a juicios sin las garantías necesarias.
También han criticado las deficientes investigaciones de estos casos. "Estamos igualmente preocupados porque apenas se exige responsabilidad por las violaciones de Derechos Humanos", ha dicho el diplomático suizo a sus colegas de la ONU.
A este respecto, han urgido a las autoridades bahreiníes a "abordar adecuadamente todas las denuncias de tortura y malos tratos a detenidos para garantizar la investigación y persecución de estos casos".
En concreto, han pedido a Bahréin que autorice al relator especial para la tortura de Naciones Unidas a visitar al país, después del intento frustrado de 2013.
Bahréin ha sido escenario de múltiples revueltas desde 2011, cuando la mayoría chií al calor de la llamada Primavera Árabe se echó a las calles para exigir el fin de la discrminación por parte de la élite suní gobernante.
Las fuerzas de seguridad aplastaron las protestas y han desacartado cualquier reforma política. El Gobierno acusa a la injerencia iraní de los ataques esporádicos que han dejado 17 policías muertos y 3.328 heridos desde 2011.
APOYO CRECIENTE
En respuesta a la carta, el ministro de Información de Bahréin, Isa Abdulrahmanha negado estas acusaciones, asegurando que tanto en las detenciones como en los procesos judiciales se respeta estrictamente la ley. "Nadie es inmune a ella", ha afirmado.
"Nuestra Policía ejerce sus obligaciones de forma restrictiva" y las detenciones no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sino con violaciones del ordenamiento jurídico, ha sostenido, recordando la reciente creación de una unidad especial para investigar irregularidades.
Además, ha aprovechado para destacar que el apoyo a Bahréin va en aumento, dado que el año pasado fueron 47 los países firmantes y esta vez solo 32 han respaldado el texto. "Cada vez más países reconocen los esfuerzos que hemos hecho", ha valorado.
Human Rights Watch (HRW) ha expresado su gran "decepción" con países como España o Italia que "han puesto la política por delante de los derechos y no han prestado su voz para apoyar este comunicado conjunto" ante la ONU.
