Un mes después de la caída de Al Bashir, los manifestantes siguen reclamando un gobierno civil

Sudán.- Un mes después de la caída de Al Bashir, los manifestantes siguen reclamando un gobierno civil
REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
Publicado 10/05/2019 17:17:21CET

La APS se enfrenta al reto de estar a la altura de las expectativas ante su falta de experiencia política

DUBAI, 10 May. (Reuters/EP) -

Tras encabezar las manifestaciones que llevaron a la caída del presidente Omar Hasán al Bashir, la Asociación de Profesionales de Sudán (APS) está sumida ahora en una disputa con la nueva junta militar que gobierna el país para lograr que esta ceda el testigo a un gobierno civil.

La APS ha conseguido apoyo generalizado durante los más de cuatro meses de protestas así como una serie de concesiones por parte del Consejo Militar de Transición (CMT) que sucedió a Al Bashir el pasado 11 de abril.

Pero mientras sindicalistas y activistas en las filas de la APS intentan encauzar al país hacia una democracia plena, se están topando con un poderoso rival que ha mostrado pocos signos de estar dispuesto a echarse a un lado para permitir una transición liderada por los civiles.

Frustrada por la falta de progreso, la Declaración de Fuerzas de Libertad y Cambio (DFLC), una amplia coalición de grupos de coalición encabezada por la APS, llamó al martes a una campaña de desobediencia civil para intensificar la presión sobre el Ejército.

"TODAS LAS OPCIONES ABIERTAS"

"Tenemos todas las opciones abiertas a partir de ahora", asegura Ahmed Rabie, un influyente miembro de la APS, en declaraciones a Reuters. Si la junta "insiste en aferrarse al poder, vamos a considerar esto como un golpe de Estado militar, e intensificaremos nuestras tácticas, de forma pacífica", añade.

La APS ha dicho que tal campaña probablemente se centraría en huelgas masivas, que han tenido éxito el levantamientos anteriores en el país desde su independencia. Las huelgas convocadas por la asociación antes de la caída de Al Bashir tuvieron un éxito limitado, pero los trabajadores podrían estar menos acobardados ahora.

También podría llamar a boicotear los bienes no esenciales y servicios públicos en un intento por privar al Gobierno de impuestos e intensificar las concentraciones y sentadas en todo el país. Por ahora, la sentada iniciada el pasado 6 de abril frente al Ministerio de Defensa en Jartum se mantiene y se ha convertido en el epicentro del alzamiento.

La junta militar ha dicho que no usará la fuerza para poner fin a la protesta, pero la APS podría verse minada debido a su falta de experiencia política. "El politiqueo está empezando. Este es un terreno para el que los profesionales de la asociación podrían no estar bien equipados por lo que parece", comenta el analista sudanés Magdi el Gizouli.

LA JUNTA HA TRATADO DE APLACAR LAS PROTESTAS

Para intentar aplacar las protestas, el CMT reemplazó a su primer jefe al día siguiente de su llegada al poder, relevó a importantes aliados de Al Bashir, anunció medidas contra la corrupción y dio pasos para reestructurar las agencias de seguridad e Inteligencia.

Además, Al Bashir, al que busca el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra en la región de Darfur, está encarcelado en la capital.

Pero mientras la DFLC quiere un órgano de transición liderado por civiles que dirija la transición de cuatro años, la junta militar ha indicado que quiere mantener buena parte del control de cualquier consejo conjunto cívico-militar.

Ante la dilatación de las conversaciones, la APS ha acusado a los líderes militares que ampliar sus poderes. El CMT ha dicho que está abierto a más diálogo y a que las elecciones pudieran celebrarse en seis meses si no hay un acuerdo sobre un gobierno interino, mucho antes del plan inicial de dos años de transición del consejo.

La desobediencia civil de la APS podría presionar al consejo militar, dada la vulnerabilidad económica de Sudán. El país ya se enfrenta a una inflación desbordada y a falta de dinero en efectivo y bienes básicos. Pero su rivales en la junta militar tienen poderosos y ricos respaldos.

EL EJÉRCITO CUENTA CON PODEROSOS ALIADOS

Los líderes del CMT, el teniente general Abdel Fatá al Burhan y el general Mohamed Hamdan Dagalo, tienen lazos con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han prometido a Sudán 3.000 millones de dólares para apoyar al banco central y suministrar combustible, trigo y medicinas.

Dagalo, popularmente conocido como Hemedti, controla a las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido, que combatieron en Darfur y están participando en la coalición militar que lidera Arabia Saudí en Yemen. También están desplegadas en Jartum.

"Este es un 'establishment' militar y no quieren perder el control", resume el escritor y analista sudanés Reem Abbas. "Hay muchas cosas en juego: recursos, tierras, inmunidad para los crímenes de guerra", añade.

Por su parte, la APS fue formada en 2016 por sindicatos no oficiales al margen del aparato del estado que representan a médicos, abogados, periodistas y otras profesiones. Desde que comenzaron las protestas contra Al Bashir el pasado 19 de diciembre, se ha ampliado y ahora agrupa a más de 20 sindicatos.

La imagen apolítica de la APS ha sido clave para su éxito de sacar a Al Bashir del poder después de tres décadas, destaca Rabie, profesor de instituto de Física del barrio de Haj Yusif, en los alrededores de Jartum.

Pese a su amplio seguimiento, la APS asegura que no se convertirá en partido político. No cuenta con un líder o una jerarquía estricta y, hasta hace poco, operaba en gran medida de forma clandestina.

LA OPOSICIÓN, AÚN DÉBIL

Bajo Al Bashir, las actividades de los partidos de oposición estaban limitadas, por lo que los analistas subrayan que tendrán mucho trabajo por delante para convertirse en fuerzas políticas efectivas.

La oposición también se enfrenta al reto de presentar un frente unido. La DFLC está compuesta por un amplio abanico de partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil y grupos armados de todo Sudán y ya han hecho declaraciones enfrentadas sobre su enfoque negociador.

Muchos manifestantes creen que la APS no debería estar negociando con el Ejército, coreando: "El régimen civil es la decisión del pueblo". La APS ha tratado de tranquilizarles, asegurando que actuará como garante de la revolución y la democracia durante la transición.

"Siempre trabajamos duro para conseguir la democracia en este país y luego la perdemos", afirma Rabie, que estuvo encarcelado desde el 4 de enero hasta poco después de la caída de Al Bashir. "Trabajamos duro para conseguirla y, si Dios quiere, podemos protegerla", recalca.

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