LA OROYA (PERÚ), 12 Ene. (Reuters/EP) -
Miles de habitantes de la ciudad peruana de La Oroya sufren un alto contenido de plomo en sangre por un complejo metalúrgico construido hace más de un siglo y cerrado en 2009 al no completar un programa ambiental exigido por el Gobierno.
En una precaria vivienda, Sonia Ponce, una abuela de tres nietos, asegura que dos de ellos no tienen fuerzas para estudiar debido a las altas cantidades de plomo en sangre, lo que les produce cansancio y falta de concentración.
"Ahora dicen que quieren venderlo, sabe Dios quién lo comprará. Será otra empresa irresponsable que no va a hacer nada por el pueblo. No queremos que el complejo vuelva a abrirse", ha señalado Ponce.
En cambio, otros quieren que el complejo, ubicado al borde de un río, vuelva a operar, ya que es el único motor económico de la zona que, al situarse a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, no puede apostar por la agricultura.
Este asunto se ha convertido en uno de los retos del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczysnki, después de que una manifestación para pedir ayuda al Gobierno acabara con un muerto y 50 heridos. Kuczysnki busca atraer nuevas inversiones al sector minero, ya que supone un 60 por ciento de las exportaciones del país.
UN ENORME RETO
Antes de asumir su mandato en julio, Kuczynski visitó La Oroya y prometió volver a abrir el complejo. Tras un viaje a China, el presidente aseguró que había varios inversores interesados en instalar fundidoras en Perú. "Hay interesados en esta inversión", ha señalado el director de DIRIGE, Pablo Peschiera, que se dedica al proceso de venta del complejo.
El complejo tiene deudas de hasta 650 millones de dólares y un nuevo inversor tendría que invertir cerca de 700 millones para modernizar el circuito de cobre de la planta y construir una planta de ácido sulfúrico.
Además de las deudas, el nuevo inversor tendría otro obstáculo, las "exigentes" normas ambientales. El Gobierno ha ofrecido al complejo un plazo hasta 2029 para tener un Estándar de Calidad Ambiental del aire (ECAs) de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico.
"El Gobierno aún no ha decidido nada sobre el tema de los estándares ambientales", ha asegurado el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.
Los estándares de emisión de azufre en Perú podrían ser un obstáculo para la inversión en el sector. En 2015, una primera subasta del complejo fracasó por miedo a los estándares ambientales de los interesados.
CORTES INTERNACIONALES
En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Perú que evaluara y diagnosticara a 65 personas afectadas por el plomo, para realizarlas un tratamiento.
En 2008, un grupo de abogados demandó a la empresa estadounidense Renco Group, una filial de Doe Run que compró el complejo peruano en 1997, ante un tribunal de Missouri, en Estados Unidos, por los daños producidos a 77 niños de La Oroya. Los niños afectados tenían entre 20 y 69 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que sean 10.
El exceso de plomo en sangre produce en los niños anemia, diarreas, alteraciones del lenguaje y retraso en su desarrollo, según expertos en salud.
El alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, ha afirmado que la suspensión del complejo en 2009 ha tenido como consecuencia la migración de habitantes de la ciudad, que actualmente suman unos 24.000, frente a los aproximadamente 32.000 que había hace una década.
