MOSCÚ 17 Ene. (Reuters/EP) -
El asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, para los derechos de los niños, Pavel Astajov, ha asegurado que el Kremlin no derogará la ley que impide a los estadounidenses adoptar menores de edad en Rusia por entender que supone el fin de los abusos y del comercio de niños rusos en Estados Unidos.
"Lo que se ha hecho (...) no se deshará, sin importar qué ocurra. Esto debe estar bien claro", ha indicado en conferencia de prensa. El domingo se celebró una multitudinaria manifestación en Moscú para pedir la anulación de la ley, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Astajov ha argumentado que contó con una gran apoyo en el Parlamento. Además, los críticos con la ley han señalado que los niños discapacitados no podrán tener una oportunidad de ser acogidos en Rusia y que en Estados Unidos tendrán más oportunidades de ser adoptados.
Sin embargo, Astajov ha asegurado que de los 3.4000 niños rusos adoptados por extranjeros en 2011, sólo el 5 por ciento tenían alguna discapacidad. Además, el asesor de Putin ha detallado los abusos sufridos en Estados Unidos por un huérfano ruso y la existencia de "niños rotos" en el "comercio" al país americano.
Astajov ha reiterado que si los tribunales rusos aceptan conceder en adopción a huérfanos rusos cuyos futuros padres estadounidenses se encuentren en un proceso avanzado en el proceso podrán llevarse al niños a su país de origen.
Sin embargo, muchas parejas han quedado en un limbo legal, como Rebecca y Brian Preece, de Idaho, que habían adoptado a Gabriel, un niño de cuatro años con síndrome de down. El matrimonio ha esperado a Astajov en las inmediaciones del edificio de Moscú en el que ha dado la charla, pero el asesor del presidente se ha negado a reunirse con ellos.
La llamada 'ley Dima Yakovlev' --denonimada así en homenaje a un niño ruso que murió en Estados Unidos poco después de ser adoptado a causa de una negligencia de su padre adoptivo-- fue aprobada en represalia por la llamada 'Magnitski Act', que prohíbe la entrada en Estados Unidos a los responsables públicos rusos acusados de violaciones de Derechos Humanos.