LONDRES 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que las fuerzas de seguridad nigerianas siguen cometiendo violaciones de Derechos Humanos en la comunidad de Odioma, en el Estado de Bayelsa (región del Delta del Níger, sureste), según un comunicado de la organización con motivo del primer aniversario del ataque de la Fuerza Especial Conjunta contra esta comunidad, que se saldó con al menos 17 personas muertas y en el que se cometieron actos de tortura como la violación de mujeres.
Según informaciones recientes conseguidas por Amnistía Internacional, miembros de las fuerzas de seguridad que aún están destacados en Odioma están cometiendo violaciones de Derechos Humanos, especialmente en actos de violencia contra las mujeres, como violaciones. Nadie ha comparecido aún ante la justicia por las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, denunció la organización. Aparte, Amnistía Internacional reiteró su preocupación por el hecho de que aún no se haya hecho público el informe de la Comisión Judicial de Investigación, que supuestamente fue entregada al gobierno local del Estado de Bayelsa en junio de 2005.
Según AI, las autoridades estatales deben tomar medidas inmediatas para hacer que este informe sea público y fácilmente accesible. Asimismo, las autoridades deben poner en manos de la justicia a los sospechosos de haber violado los Derechos Humanos, "tal como exigen las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte".
A las víctimas y a sus familiares, por otra parte, se les debe garantizar el derecho a un recurso efectivo y a obtener reparación en forma de indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición.
Amnistía Internacional instó también al gobierno federal a que se asegure de que las fuerzas de seguridad respetan en todas sus operaciones los Derechos Humanos fundamentales.
LA MATANZA DE ODIOMA
El 19 de febrero de 2005, miembros de la Fuerza Especial Conjunta atacaron Odioma con la pretendida misión de reducir la tensión entre comunidades y buscar y detener a los jóvenes que presuntamente mataron a 12 miembros de la comunidad, entre ellos cuatro concejales, en 2005.
Según los informes, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los miembros de la comunidad, utilizando ametralladoras contra los que, según afirman, los recibieron con disparos cuando llegaron. Además, según los informes, las fuerzas de seguridad provocaron incendios empapando trapos en gasolina y lanzándolos dentro de las viviendas.
Esta "deplorable" conducta de las fuerzas de seguridad documentada por Amnistía Internacional se une a otros incidentes similares, como los sucedidos en la manifestación de miembros de la comunidad de Ugborodo en la terminal petrolífera de Escravos (estado de Delta), en febrero de 2005; en Zaki-Biam (estado de Benue) en 2001; y en Odi (estado de Bayelsa) en 1999.
En todos ellos fueron requeridas para sofocar enfrentamientos e hicieron un uso excesivo de la fuerza y cometieron homicidios ilegítimos. Aparte, "a menudo las violaciones de Derechos Humanos en las que han estado implicadas las fuerzas de seguridad nigerianas no se investigan y, en consecuencia, no se pone a los perpetradores en manos de la justicia", concluyó AI.