NAIROBI, 2 Nov. (Reuters/EP) -
El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, ha fijado el 7 de noviembre como fecha límite para que todos los ciudadanos entreguen a las autoridades las armas que posean ilegalmente bajo amenaza de ser considerados "enemigos de la nación".
"Este es mi último aviso", ha dicho en un discurso dirigido a la nación. "Aquellos que no lo hagan serán considerados criminales y procesados conforme a la Ley Antiterrorista", ha advertido.
En cambio, quienes acudan voluntariamente a las fuerzas de seguridad para entregar armas ilegales "serán entrenados en una educación patriótica" y después podrán volver con sus familias.
En paralelo, Nkurunziza ha urgido a los agentes a pacificar de una vez por todas la capital, Buyumbura. "Podéis usar todos los medios autorizados por las leyes", ha subrayado.
Burundi sufre una crisis política desde el 13 de mayo, cuando un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado tras semanas de protestas callejeras contra los planes de Nkurunziza de reformar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Los militares no lo consiguieron y Nkurunziza consiguió mantenerse en el cargo en las elecciones del pasado verano pero desde entonces Buyumbura --bastión opositor-- es escenario de constantes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Además, se han producido asesinatos selectivos tanto de miembros del Gobierno como de la oposición que hacen temer a la comunidad internacional que Burundi vuelva a caer en una guerra civil de carácter sectario.
