El Ejecutivo celebra "el respaldo unánime" del Consejo de Seguridad a "la política de paz con legalidad"
NUEVA YORK, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha reclamado este jueves al Gobierno de Colombia que fortalezca las medidas de protección a los ex guerrilleros de las FARC, los líderes sociales y los candidatos a las elecciones locales y regionales del 27 de octubre, principales objetivos de la renovada violencia que sufre el país.
Ruiz Massieu, que lidera la misión de la ONU encargada de constatar la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 por el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha presentado este jueves su informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reclamando más seguridad para las personas amenazadas por la violencia.
A este respecto, ha denunciado que solo en los últimos tres meses 20 ex guerrilleros de las FARC han sido asesinados, lo que eleva a 151 la cifra de antiguos combatientes asesinatos desde la firma del acuerdo de paz.
También ha recordado que las elecciones municipales y departamentales tendrán lugar en apenas unas semanas mientras la violencia sigue azotando a candidatos y partidos políticos, incluido el surgido de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Al menos siete candidatos han muerto.
Asimismo, se ha referido a la situación de los líderes sociales y los defensores de los Derechos Humanos, colectivos en los que ya se registran más de 400 asesinatos en estos tres años.
Por todo ello, aunque ha reconocido las medidas anunciadas por el Gobierno de Iván Duque para aumentar la seguridad sobre estas personas y agilizar las investigaciones, ha considerado que "se necesita hacer más", según informa la ONU en un comunicado.
Ruiz Massieu ha instado igualmente a acelerar lo máximo posible la implementación del acuerdo de paz para que las zonas afectadas por el conflicto armado puedan disfrutar "plenamente" de sus beneficios.
"Las comunidades claman desarrollo, servicios básicos, seguridad y oportunidades económicas a través de una presencia integral del Estado. Adicionalmente, piden estrategias inmediatas para mejorar la protección y seguridad en las regiones (...). Esta es sin duda la promesa del acuerdo de paz", ha dicho.
Así, ha considerado "esencial" que las autoridades colombianas evalúen "regularmente" estas cuestiones y que "sus decisiones se traduzcan en acciones concretas y en el corto plazo que protejan a las comunidades y consoliden la institucionalidad del Estado en las zonas afectadas".
Por otro lado, se ha referido a los disidentes de las FARC, encabezados ahora por el que fuera 'número dos' y jefe negociador de la guerrilla, 'Iván Márquez', que amenazan con sumar fuerzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para formar una nueva guerrilla.
Ruiz Massieu ha valorado el rechazo generalizado al rearme de antiguos combatientes, destacando los de la FARC y Duque y subrayando que "aquellos que se rearmen (...) perderán los beneficios del acuerdo de paz".
"PAZ CON LEGALIDAD"
El Gobierno colombiano, por su parte, ha considerado que "la ONU ha reafirmado su respaldo unánime a la política de paz con legalidad" de Duque, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores.
En opinión del ministro de Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, el informe de Ruiz Massieu ofrece una visión equilibrada sobre "los importantes adelantos y los múltiples desafíos a los que se enfrenta Colombia en este proceso de implementación".
"El Gobierno está cumpliendo y no es algo que defendemos únicamente en escenarios internacionales, sino que se evidencia en los resultados y avances que el mismo informe recoge", ha defendido.
Trujillo ha estimado que "se debe partir del reconocimiento de que la implementación no es una tarea que se logre de un día a otro y que el mismo acuerdo de paz reconoció que ésta conllevaría al menos 15 años".
"La transformación que Colombia necesita hacia la paz con legalidad es un camino de largo aliento", ha afirmado, apuntando que "llevar el Estado de Derecho, la seguridad física y jurídica y los servicios (...) a todas las regiones del país es un compromiso que no se agota en la implementación de lo acordado".
Además, ha señalado que "la construcción de la paz con legalidad es un esfuerzo colectivo que involucra derechos y obligaciones sin excepción alguna". "Este proceso es irreversible y requiere el compromiso y acompañamiento de todos ustedes como testigos de la valiosa ruta que estamos transitando", ha declarado.
