ONU pide a México "investigar y sancionar" a los responsables de la matanza de Tlatlaya

Publicado 04/07/2015 3:57:01CET
Policía Federal de México mata a atacantes de instalaciones de energía
REUTERS

MÉXICO DF, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, ha pedido este viernes a las autoridades de México "investigar, juzgar y sancionar" a los responsables de la llamada matanza de Tlatlaya.

El experto de la ONU asegura que hay nuevas pruebas que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.

"Las autoridades tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida", ha apostillado Heyns.

En este sentido, el portavoz del organismo internacional advierte de que "la perspectiva de Derechos Humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza".

Asimismo, denuncia la "falta de avances significativos en las investigaciones". "A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias", ha añadido el experto en Derechos Humanos.

Inicialmente, el Departamento de Defensa del país dijo que los 22 fallecidos pertenecían a una banda criminal y que murieron en un tiroteo con las fuerzas militares. Sin embargo, un testigo cuestionó esta versión y aseguró que los soldados ejecutaron a algunos de esos presuntos criminales después de que se rindieran.

Ocho soldados que participaron en la operación fueron detenidos el 25 de septiembre de 2014, tal y como recuerda la ONU a través de un comunicado. Tres de ellos afrontan cargos de homicidio y uno un cargo de manipulación de pruebas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo su propia investigación y concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas.

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