MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los partidos opositores de Japón han continuado este jueves con sus esfuerzos en el Parlamento para intentar evitar que la coalición gubernamental presente a votación el proyecto de seguridad diseñado por el Gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, que amplía el margen de actuación del Ejecutivo en cuestiones militares.
Los partidos de la coalición gubernamental y su aliado Komeito están presionando para proceder a la votación durante la jornada del viernes, en medio de los intentos de la oposición de retrasarla en la Cámara de Consejeros, según ha informado la agencia japonesa de noticias Kiodo.
El debate parlamentario está teniendo lugar en medio de manifestaciones frente a la sede del Parlamento, en una muestra más de la oposición de la población a la política militarista de Abe.
La iniciativa pone fin al veto a la "defensa propia colectiva" o a ayudar a un país amigo que esté siendo atacado y permitirá a Japón implicarse en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU o responder a contenciosos de baja intensidad como los conflictos de soberanía que mantiene Japón con países como China, Corea del Sur o Rusia.
Sin embargo, el propio Abe ha descartado intervenciones a mayor escala con envío de tropas para operaciones multilaterales como la guerra de Irak de 1990-91 o la invasión de Irak de 2003.
Estos cambios podrían molestar principalmente a China, que en los últimos años ha defendido con mayor vehemencia sus reivindicaciones territoriales en el mar de la China Oriental. En particular, Tokio y Pekín mantienen un contencioso por las islas Senkaku/Diaoyu, según se emplee el nombre japonés o chino.
Tampoco ayuda a las relaciones bilaterales el pasado imperialista japonés, que llegó a controlar Manchuria en la década de 1930, una época en la que se cometieron crímenes de guerra como la utilización de mujeres como esclavas sexuales en burdeles para el Ejército nipón.
En cambio, Estados Unidos, aliado estratégico de Tokio, ha apoyado esta modificación de la interpretación de la Constitución que permitirá a Japón un mayor compromiso con la alianza bilateral, según Washington.
En concreto, la moción habilita a Japón a emplear la fuerza en la menor medida necesaria en el caso de que un país con el que mantenga relaciones estrechas esté siendo atacada y solo bajo las siguientes condiciones: amenaza a la existencia del Estado japonés, claro peligro del derecho a la vida, la libertad y consecución de la felicidad del pueblo japonés y ausencia de alternativa adecuada.
Desde la derrota de Japón en 1945 las tropas japonesas no han entrado en combate, pero los sucesivos gobiernos nipones han ido desplazando a su conveniencia los límites impuestos por la Constitución primero para habilitar un Ejército y después para implicar a Japón en operaciones no bélicas en el extranjero.
Los conservadores defienden que la renuncia a la guerra recogida en el Artículo 9 de la Constitución es un exceso que restringe el derecho a la defensa propia y que la pujanza de China obligan a flexibilizar estas políticas. De hecho, esta postura fue la que permitió a Abe volver a la jefatura del Gobierno en las elecciones de diciembre de 2012.
