El Parlamento noruego reafirma su apoyo a la monarquía pese al escándalo entre la princesa heredera y Epstein

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Noruega ha reafirmado este martes su apoyo a la monarquía tras rechazar una propuesta constitucional que planteaba establecer una república en el país, una votación que se produce tras salir a la luz nuevas conversaciones entre la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Un total de 141 diputados han votado a favor este martes de mantener la actual forma de Gobierno frente a 26 --del Partido Socialista y el Partido Rojo-- que han apoyado la medida constitucional para instaurar un modelo de república en Noruega.

La última vez que el Parlamento, conocido como Storting, debatió una propuesta similar fue en junio de 2022, cuando solo 35 diputados votaron a favor. Para cambiar el modelo de gobierno, establecido en la Constitución, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara.

La iniciativa se produce días después de que salieran a la luz nuevos correos electrónicos entre la princesa heredera y Epstein tras la difusión por parte del Departamento de Justicia de tres millones de archivos relacionados con el caso del magnate estadounidense.

El escándalo se produce además en medio del juicio contra Marius Borg Hoiby, el hijo mayor de Mette-Marit, que se ha declarado no culpable este mismo martes de los cargos más graves que se le imputan, entre ellos cuatro presuntas violaciones a varias mujeres.

Hoiby está acusado de hasta 38 delitos, entre ellos violencia machista contra su expareja, Nora Hakland. En la víspera, el joven de 29 años fue puesto en prisión preventiva por riesgo de reincidencia después de que fuera detenido durante este fin de semana y acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de otra de sus exnovias.

El joven también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico. En caso de ser condenado, podría enfrentarse a diez años de prisión.