El año pasado hubo un 28% más de penas máximas, pero su aplicación descendió un 22%, y 140 países la han abolido legalmente o de hecho
MADRID, 1 Abr. (Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional) -
En 2014 hubo más condenas a muerte (un 28% más) que el año anterior, pero menos ejecuciones (un 22% menos). Siete países reanudaron la aplicación de la pena capital, pero otros siete no la llevaron a cabo tras haberlo hecho en 2013. Al menos 19.094 personas se encuentran en el 'corredor de la muerte', pero un récord de 117 países votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de una moratoria en su uso.
Son datos, aparentemente contradictorios, del informe 'Condenas a muerte y ejecuciones 2014' que este miércoles publica Amnistía Internacional. Pero del análisis a fondo de esa investigación se desprende un balance esperanzador que resume el propio secretario general de AI, Salil Shetty: "La pena de muerte está empezando a ser cosa del pasado. Los pocos países que siguen ejecutando deben mirarse seriamente en el espejo y preguntarse si desean seguir violando el derecho a la vida o unirse a la inmensa mayoría de Estados que han abandonado este exponente máximo de pena cruel e inhumana".
La lucha contra la pena capital viene de lejos, y registra sostenidos avances hacia su abolición. Apenas ocho Estados la habían eliminado cuando se fundó la ONU en 1945, que eran 16 cuando Amnistía Internacional lanzó en 1977 su campaña frontal contra esa "violación del derecho a la vida", que considera "la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante". El número subía hasta 59 en 1995, y ha llegado a 98 al acabar 2014. Pero la cifra real es superior: 140 países (72,5% de los 193 miembros de la ONU) la han abolido legalmente o de hecho.
Foto: Amnistía Internacional
No falta, sin embargo, una lectura más cautelosa. Primero, porque una sola ejecución es inaceptable en clave de Derechos Humanos: Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del carácter o circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, o del método de ejecución.
Y segundo, porque el secretismo de algunos países convierte en 'mínimas' las cifras del informe: AI dejó de publicar en 2009 los datos de China --que clasifica como secreto de Estado esa información, al igual que Bielorrusia y Vietnam--, para evitar la tergiversación oficial de las cifras estimadas por la organización.
Lo que no pueden ocultar los 'secretos de Estado' es la realidad, que en el caso de China se traduce en miles de sentencias de muerte dictadas y aplicadas cada año, hasta el punto de que en 2014 volvió a ejecutar a más personas que entre todos los demás países.
CINCO MAYORES EJECUTORES
En la terrible galería de los "cinco mayores ejecutores del mundo en 2014", Amnistía Internacional sitúa en segundo lugar a Irán, que anunció oficialmente 289 pero registró al menos 743 (fuentes fiables informaron de otras 454 no reconocidas); seguida de Arabia Saudí (al menos 90), Irak (al menos 61) y Estados Unidos de América (35).
En total, excluida China, hubo 607 ejecuciones en 2014 (22% menos que las 778 de 2013) en 22 países (igual que el año anterior), mientras aumentaban hasta 2.466 (28% más) las sentencias de pena capital, sobre todo por los centenares de condenas dictadas en Egipto (509) y Nigeria (659) en contextos de conflicto interno e inestabilidad política.
Amnistía Internacional ha advertido contra la irresponsable tentación de intentar resolver los problemas internos o combatir la delincuencia a golpe de pena capital. Como recalca Salil Shetty, "el año pasado quedó patente la sombría tendencia de los gobiernos a usar la pena de muerte en un inútil intento de responder a amenazas, reales o imaginarias, a la seguridad del Estado y la seguridad pública".
Para el secretario general de AI, es "vergonzoso que tantos Estados jueguen con la vida de la gente, ejecutando a personas por 'terrorismo' o para sofocar la inestabilidad interna sobre la premisa errónea de la disuasión". Una premisa que tampoco vale para combatir la delincuencia: "Se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tenga un efecto disuasorio superior al de otras penas", remacha.
AMENAZA PARA LA SEGURIDAD
No faltaron ejemplos en 2014 de esa inquietante tendencia, como las ejecuciones en China, Pakistán, Irán e Irak de personas acusadas de "terrorismo". Pakistán las reanudó tras el brutal ataque a una escuela de Peshawar, y China las utilizó en su campaña de "mano dura" --incluidas sentencias públicas en un estadio-- contra los disturbios en la región de Xinjiang.
Por su parte, Corea del Norte y Arabia Saudí siguieron aplicando la pena máxima contra la disidencia política. En cuanto a la delincuencia, su persecución fue el argumento oficial de Jordania para acabar en diciembre con ocho años de moratoria, mientras en Indonesia se anunciaba el propósito --cumplido en este 2015-- de ejecutar a traficantes de droga para enfrentar una "emergencia nacional" de seguridad pública.
Tampoco se libran algunos países que presumen de 'democracia avanzada'. Empezando por Estados Unidos, el único de América que aplica la pena de muerte y cuyos progresos hacia la abolición siguen siendo modestos: 35 ejecuciones (39 en 2013) en siete estados (dos menos) y 77 condenas a muerte (18 menos).
Y terminando por Japón, cuyo sistema judicial y penitenciario salió malparado del caso de Hakamada Iwao, el condenado a muerte que más años (45,5) llevaba en el 'corredor' en todo el mundo, que fue excarcelado con 78 años a la espera de un nuevo juicio. Su sentencia se basó en una "confesión" extraída con torturas y en pruebas que podrían ser falsas, y sus condiciones carcelarias --aislado en una celda de 5 metros cuadrados y con contacto familiar limitado, con la luz encendida y vigilado con cámaras 24 horas al día-- le costaron un grave trastorno mental.
"Es absolutamente inaceptable que el Estado mate a su pueblo", diría Hakamada en una declaración pública tras ser liberado. Y hasta uno de los jueces que participó en su caso llegó a pensar que era inocente.
OPOSICIÓN A LA PENA DE MUERTE
Un argumento más para avalar la oposición absoluta y sin excepción a la pena de muerte. Máxime cuando el informe de Amnistía Internacional recoge al menos 112 ejemplos en nueve países de personas "exoneradas" --o sea, declaradas legalmente inocentes-- mientras esperaban su ejecución. Otra prueba de que las penas máximas contra inocentes son demasiado frecuentes.
AI llama la atención sobre las numerosas condenas a muerte dictadas por delitos no letales --económicos, contra la propiedad, relacionados con las drogas-- y por actos que ni siquiera deberían ser considerados delitos como "adulterio", "blasfemia" o "brujería". Además, muchos países recurrieron a la imprecisa denominación de "delitos políticos" para condenar a muerte a disidentes o presuntos disidentes.
No le faltan razones a Amnistía Internacional para insistir en su lucha abolicionista. Sean expresadas con la rotundidad filosófica de Albert Camus --"la pena capital no es otra cosa que el más premeditado de los asesinatos"--, el espíritu libre del Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu -"hacer justicia no consiste en matar a alguien en nombre de la justicia"-- o el activismo crítico de Helen Prejean, para quien la pena de muerte en Estados Unidos es sobre todo "un asunto de personas pobres; en este país los pobres son los elegidos para la muerte".
