LIMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional detuvo hoy a 21 personas mientras que otras 12 resultaron heridas durante el desalojo a la fuerza de más de 10.000 comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita, ubicado en un terreno de Lima que son de uso público del municipio.
La defensora del pueblo, Beatriz Merino, presentó el informe con estos resultados y destacó que, pese a esta situación, calificó de "exitoso" el plan de desocupación de los comerciantes que en el año 2002 se instalaron en estos espacios propiedad del municipio.
Los cuerpos de seguridad tomaron esta mañana el recinto y procedieron a sacar "por la fuerza" a las personas que se encontraban viviendo en el lugar con toda su familia desde hace más de 25 días para evitar que las instalaciones fuesen tomadas por las autoridades del Gobierno y evitar que fuesen sacados de ahí.
El operativo policial, considerado el de mayor envergadura del país, provocó un enfrentamiento entre los comerciantes y los uniformados que obligó el uso de gases lacrimógenos y el desplazamiento de tanques. En estos hechos, 12 personas resultaron lesionadas, siete civiles y cinco de ellos efectivos policiales, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos.
Según informaron algunos testigos a los medios locales, eran "miles" los uniformados que se acercaron a la zona para proceder a la desocupación del terreno de más de 80 hectáreas de longitud.
El pasado jueves el presidente Alan García emitió un decreto en el que declaraba "estado de emergencia" en el distrito de Santa Anita, con el que suspendió por siete días "todos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personal" para poder así proceder al desalojo del lugar.
El Poder Judicial ordenó el pasado mes de abril la entrega definitiva al municipio de esta gran área, que hasta hoy ocupaban más de 10.000 personas que en noviembre de 2002 crearon el Mercado Mayorista de Santa Anita.
Por su parte, el ministro del Interior, Jacobo Romero, advirtió que hasta 35 años de prisión podrían recibir los dirigentes de los comerciantes que propiciaron las ocupaciones del terreno municipal y los hechos de violencia ocurridos durante el día de hoy.
Romero explicó que si se prueba que esta personas se organizaron para atentar contra la seguridad pública, entonces el Estado sería el agraviado y, según el Código Penal, la pena para este grave delito fluctúa entre ocho años y 35 años de cárcel, reseñó la 'Agencia Andina'
De esta manera, la defensora del pueblo denunció que durante el desalojo encontraron armas, artefactos explosivos, bombas molotov, vestimenta de Policía y botellas con gasolina.
Por otra parte, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, informó hoy que en tres meses estarán listos los expedientes técnicos para comenzar la construcción del Mercado Mayorista de Santa Anita, y señaló que en las próximas semanas le devolverán las pertenencias a los comerciantes que fueron incautadas durante la desocupación.
