MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El jefe de operaciones de la Policía Nacional de Filipinas, Camilo Cascolan, ha negado este miércoles las acusaciones vertidas este martes por la organización Amnistía Internacional (AI) que, en su último informe, asegura que las autoridades nacionales están reclutando a mercenarios en su denominada 'lucha contra las drogas'.
"No hay este tipo de pagos", ha señalado Cascolan al diario filipino 'Inquirer'. "No sabemos ni hemos sabido nada acerca de esto. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos por el pueblo", ha añadido.
En su último informe, bajo el título "Si eres pobre serás asesinado: ejecuciones extrajudiciales en la 'guerra de las drogas' de Filipinas", AI detalla cómo la Policía ha estado atacando principalmente a personas con pocos recursos de todo el país colocándoles "pruebas", o bien reclutando a mercenarios, robando a los ejecutados e inventando informes oficiales sobre estos incidentes.
Entre algunos de los casos, menciona dos en concreto que aseguran que, bajo órdenes de policías que les pagaron 5.000 pesos filipinos (algo más de 93 euros) por cada consumidor de drogas asesinado y entre 10.000 y 15.000 pesos (entre 186 y 280 euros) por cada narcotraficante.
"Durante el Gobierno de (Rodrigo) Duterte, la Policía Nacional está infringiendo su propia ley mientras se benefician de los asesinatos de gente pobre, gente a la que el Gobierno debería estar estimulando", ha denunciado la directora de respuesta de crisis de AI, Tirana Hassan.
Hassan ha criticado que "las mismas calles que Duterte se comprometió a limpiar del crimen están ahora llenas de cuerpos de personas asesinadas de forma ilegal por su propia Policía".
AI ha señalado que desde que Duterte inició su campaña contra el narcotráfico --promesa estrella de su campaña electoral-- se han llevado a cabo unas 7.000 ejecuciones relacionadas con este delito, de las cuales la Policía es "responsable directa" de unas 2.500.
AI ha insistido en la ilegalidad de las ejecuciones extrajudiciales, más aún cuando están llevadas a cabo de forma deliberada por agentes oficiales, por orden del Gobierno o con su connivencia o complicidad.
La Policía de Filipinas anunció este lunes la suspensión de esta 'guerra contra las drogas' para llevar a cabo operaciones contra agentes responsables de abusos, tras la muerte de un empresario surcoreano a manos de varios policías.
