LISBOA, 30 Mar (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro)
La asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha pedido a las autoridades judiciales portuguesas que respeten el derecho de los profesionales de la prensa a no revelar sus fuentes, después de que un tribunal acusase a dos periodistas del diario "24 horas" de un crimen de acceso ilegal a datos personales en el ámbito de un reportaje de investigación sobre el proceso de pederastia Casa Pía.
En un comunicado RSF, pide a las autoridades judiciales que "respeten el derecho al secreto de las fuentes en los profesionales de la prensa" ya que éste "tiene que prevalecer sobre el crimen que el juez de instrucción imputa a los periodistas", publicar ficheros de la empresa Portugal Telecom. En su opinión "este hipotético crimen parece menor en comparación con las informaciones dadas por los periodistas, en un caso grave que afecta a la opinión pública".
Los periodistas Jorge Van Krieken y Joaquin Eduardo Oliveira, publicaron el 13 de enero un artículo en el que denunciaban que se habían registrado más de 80.000 llamadas telefónicas de los más altos representantes del Estado dentro del proceso de pederastia Casa Pía. El 15 de febrero se efectuó un registro en la redacción del periódico y en los domicilios particulares de los periodistas a quienes le confiscaron sus ordenadores. Trece días después fueron considerados culpables por el Tribunal de instrucción criminal de Lisboa de "crimen de acceso ilegal a datos personales".
RSF recuerdan que "visto el embrollo judicial que presenta el caso de Casa Pía" no se justifica que "los periodistas revelen sus fuentes" y recuerdan el artículo 38-2 de la Constitución portuguesa en el que se contempla ese derecho. Además la organización da su apoyo a los dos periodistas y a la dirección del diario que son "víctimas del secreto de las fuentes", añaden.
Los dos periodistas han apelado al juez de instrucción, autorizando el acceso a sus fuentes. Su demanda ha sido aceptada y en breve comparecerán ante el Tribunal de Casación.
El escándalo de pederastia de la institución estatal Casa Pía saltó a la luz pública en 2002, como consecuencia de una investigación periodística que revelaba que durante más de 30 años centenas de menores habían sufrido abusos sexuales supuestamente por parte de algunas personas muy influyentes del país.
Después de cuatro años el juicio prosigue, pero con apenas cinco acusados. Ayer mismo, el Estado fue condenado por un Tribunal Arbitral a pagar más de dos millones de euros en indemnizaciones a las 44 víctimas de abusos sexuales.
