DUBAI, 8 Abr. (Reuters/EP) -
El príncipe heredero de la monarquía bahreiní, Salman bin Hamad al Jalifa, aseguró que está comprometido con las reformas aunque advirtió de que no habrá "clemencia" para aquellos que intenten dividir el país.
Al Jalifa, visto como un reformador moderado en la familia real, dijo el jueves por la noche en la televisión estatal que Bahréin está comprometido con las reformas, aunque declaró que la tensión social generada durante las manifestaciones había llegado a un punto en el que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir.
"En este importante momento para el desarrollo de nuestro país, continuaré (...) siendo firme en el principio de que no puede haber clemencia con nadie que intente dividir nuestra sociedad en dos mitades", aseguró.
En marzo, las autoridades, cuyos miembros son suníes, aprobaron el estado de emergencia en Bahréin y pidieron la ayuda de sus países vecinos con dirigentes suníes, que enviaron tropas a la isla, para acabar con las manifestaciones, llevadas a cabo principalmente por la mayoría chií.
Fuentes políticas aseguran que Al Jalifa intentó reunirse con la oposición, aunque finalmente se impuso la línea dura defendida por algunos miembros de su familia, que prefirieron lanzar una campaña de represión contra los manifestantes. Actualmente, las voces moderadas han sido ahogadas por los intransigentes, tanto en la oposición como en la familia gobernante.
En el discurso televisado, el príncipe apoyó las reformas. "No malgastaré ningún esfuerzo en participar (...) en el progreso de estas reformas", aseguró.
Por otro lado, Human Rights Watch denunció este viernes "las detenciones arbitrarias" y señaló que los detenidos liberados informaron de que habían sufrido golpes y abusos. La ONG pidió al Gobierno que informe y dé razones por las detenciones.
"El estado de emergencia no proporciona a las autoridades vía libre para pisotear los Derechos Humanos básicos", declaró el subdirector de HRW en Oriente Próximo, Joe Stork. "Bahréin ha creado un estado de terror, no un estado de seguridad", añadió.
Desde el inicio de la represión, los miembros del principal grupo de oposición chií, Wefaq, y muchos habitantes chiíes del país han denunciado la desaparición de decenas de personas en puntos de control colocados por toda la capital, Manama, y controlados por efectivos con pasamontañas.
Aseguran que cientos de personas, incluidos políticos, activistas antigubernamentales y médicos que apoyan las revueltas, han sido detenidos, mientras que cientos de trabajadores, la mayoría chiíes, fueron despedidos tras apoyar una huelga.
Los chiíes, que suponen el 60 por ciento de la población, se quejan de discriminación por parte de las autoridades, que les impiden acceder a ciertos trabajos y servicios. Además, piden una mejor representación política y una monarquía constitucional.
